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BBVA reduce un 20% las viviendas previstas en la ‘Operación Chamartín’

Los gestores del desarrollo ceden a las presiones de Carmena, mantienen las inversiones de 1.200 millones y aseguran el centro de negocios

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ya tiene sobre su mesa la propuesta que estaba esperando sobre la Operación Chamartín (desarrollo de 3,1 millones de metros cuadrados al norte de la ciudad). Los gestores del proyecto, la sociedad DCN (formada por BBVA y la Constructora San José), han enviado, tal y como hoy desvela EL PAÍS,  un plan que reduce un 20% las viviendas previstas —de 17.000 a 13.600—, cede 185.000 metros cuadrados más para usos públicos, mantiene el pago de 1.400 millones para infraestructuras, conserva el centro de negocios previsto y asegura, además, el número de empleos anunciados (unos 120.000).

Manuela Carmena, durante el último pleno del mes de enero. Ampliar foto
Manuela Carmena, durante el último pleno del mes de enero.

La promotora del desarrollo —operación que lleva más de 20 años en dique seco por distintas sentencias judiciales y decisiones políticas— presentó este martes la propuesta que Manuela Carmena (Ahora Madrid) deseaba. La operación consiste, a grandes rasgos, en cubrir de viviendas y de un centro de negocios el suelo próximo a la estación de Chamartín, soterrar las vías del tren que parten o llegan a ella, crear nuevas infraestructuras de transporte (metro), así como mejorar las vías de circulación actuales (la M-30 y la Castellana) con el fin de evitar el colapso de la zona.

La operación se extiende sobre 3,1 millones de metros cuadrados en el distrito de Chamartín y es la más importante de la ciudad, ya que cierra el desarrollo urbano por el norte y permite dotar a la capital de un centro de negocios del que carece. Todo ello, a muy poca distancia del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Para llevarlo a cabo, y a fin de acabar con las reticencias de Carmena a un proyecto anterior ya desechado por el pleno municipal —el Consistorio reclamaba menos pisos libres y oficinas—, DCN ha ofrecido reducir la edificabilidad de esta área (denominada técnicamente APR 08.03) en unos 185.000 metros cuadrados.

Igualmente, según el nuevo plan de la sociedad gestora, se reducirá un 20% el número de viviendas con las que arrancó el proyecto. De las 17.000 iniciales se pasará a 13.600. Esta bajada en el parque de pisos obliga, no obstante, a cambiar el diseño final del centro de negocios que incluirá el desarrollo urbano.

De hecho, la edificabilidad no será ya uniforme en todo el ámbito, sino que se concentrará en torno a la actual estación, mientras que en las proximidades de la M-30 será más reducida.

En los alrededores del actual centro ferroviario de Renfe, según fuentes de la promotora, se ubicará la mayor parte de la zona destinada a oficinas, tal y como pedía el Ayuntamiento de Carmena.

Sin embargo, la reducción de la edificabilidad final no afectará a la inversión prometida en infraestructuras, que se mantiene en 1.400 millones de euros, montante que se obtendrá de las plusvalías que obtengan los gestores de la venta de pisos y oficinas. DCN también abonará al Ministerio de Fomento —propietario del 64% del suelo de la operación—, los 1.200 millones prometidos en anteriores diseños.

El nuevo proyecto, siempre según fuentes empresariales de DCN, no obliga a modificar el plan general de Madrid —lo que alargaría el proceso administrativo—, sino que se puede llevar a cabo con modificaciones parciales. Esto permitiría que el nuevo desarrollo urbano arrancase en un plazo que oscila entre seis meses y un año.

El proyecto mantiene también un gran centro de negocios en los alrededores de la estación, lo que “servirá para paliar la carencia de oficinas en la ciudad, posicionando a Madrid entre las grandes ciudades mundiales”. DCN cree que “la centralidad de Chamartín y su cercanía al aeropuerto y al centro económico de la ciudad lo convierte en el emplazamiento ideal para las grandes empresas multinacionales”. E incluyen entre ellas a las compañías que abandonarán previsiblemente el Reino Unido tras el Brexit.

La estación de Chamartín será, igualmente, remodelada y “se transformará en el hub [nudo] de transporte más importante de España”. Los gestores avanzan que esto permitirá impulsar “la actividad económica y turística de toda la ciudad, como se ha demostrado en actuaciones similares en Londres, Ámsterdam, Berlín o San Francisco”.

 Mayor sostenibilidad

Una de los obstáculos para lograr el acuerdo entre DCN y el Ayuntamiento de Madrid era la “sostenibilidad” del anterior proyecto presentado. Carmena exigía más viviendas públicas, menos edificabilidad y mayores espacios verdes. Por eso, el nuevo diseño incluye “alternativas de transporte no contaminante [nuevas paradas de metro a lo largo del desarrollo], zonas reservadas para peatones y bicicletas” y un Nudo Norte [intersección de la M-30, la N-1, la M-11 y el paseo de la Castellana] “renovado”.

La notable mejora de esta infraestructura viaria y estratégica para la ciudad —donde miles de vehículos privados se cruzan cada día provocando fuertes retenciones de tráfico— permitirá también reducir la circulación que discurre por la Castellana, lo que, según los promotores, devolverá “la calle a la ciudad”.

 

Un nuevo clima de consenso para impulsar el plan

La historia de la Operación Chamartín, el proyecto de prolongación de la Castellana que se remonta a hace más de 20 años, tuvo en mayo del año pasado uno de sus momentos clave. Cuando solo faltaba la aprobación del pleno del Ayuntamiento, Ahora Madrid (la confluencia que orbita alrededor de Podemos y gobierna la ciudad desde 2015) y el PSOE tumbaron un plan que ponía sobre la mesa inversiones por 6.000 millones de euros.

El equipo de Carmena avanzó entonces un diseño alternativo de desarrollo de la Castellana, llamado Madrid Puerta Norte y pagado al completo con dinero público. Este planteamiento, sin embargo, se topó con la negativa de todos los operadores implicados. El Ministerio de Fomento, a través de Adif, la Comunidad de Madrid y la promotora Distrito Castellana Norte emprendieron además un camino judicial contra la decisión del Consistorio de paralizar el plan anterior de desarrollo de la Castellana.

El nombramiento de Íñigo de la Serna como ministro de Fomento en el pasado mes de noviembre ofreció una oportunidad para reanudar las negociaciones. Fomento firmó con DCN la prórroga de dos años del contrato de cesión de los terrenos y con el Ayuntamiento pactó poner en marcha una mesa técnica para desatascar la operación. Esta oferta de DCN es el primer resultado tangible de los encuentros periódicos que se están manteniendo.

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