Los testigos sugieren que Mas siguió con el 9-N pese al veto del Constitucional

La Fiscalía trata de demostrar hoy que, pese a lo manifestado ayer por Artur Mas, el Gobierno catalán siguió impulsando la consulta del 9-N aun después de que el Tribunal Constitucional (TC) la suspendiera. Algunos de los nueve testigos que han declarado hasta este mediodía (los otros ocho lo harán esta tarde) han proporcionado datos que desmontan la tesis de que el proceso quedó, a partir del 4-N, exclusivamente en manos de voluntarios.

Uno de los testimonios más relevantes para la Fiscalía es el de Dolores Agenjo, la única directora de instituto que se negó a ceder el centro como local de votación para el 9-N. Agenjo, que dirigía el IES Pedraforca de L'Hospitalet, ha explicado que una alto cargo del Departamento de Enseñanza -que entonces dirigía la acusada Irene Rigau- le llamó los días 6 y 7 de noviembre para exigirle que le entregara las llaves. “Me dijo: 'Eres la última que queda, tienes que entregármelas. Me sentía muy violenta”, ha explicado Agenjo.

La conversación la mantuvo con Montserrat Llobet, entonces directora territorial de Enseñanza en Barcelona, a la que exigió una “orden por escrito”. Llobet se mostró en principio dispuesta a dársela tras “consultarlo” con sus superiores, pero le advirtió: “Aprovecho para decirte, esta orden no se la enseñarás a nadie, ¿verdad?”, siempre según el testimonio de Agenjo. La defensa ha evitado hacer preguntas a Agenjo, que en las elecciones municipales de 2015 cerró la lista electoral de Ciudadanos en L'Hospitalet.

La segunda jornada del juicio -que ha comenzado con puntualidad, ya sin la concentración popular de la víspera- se ha centrado en la polémica sobre si la Generalitat presionó a los directores. El 14 de octubre de 2014, el presidente Artur Mas anunció que los institutos servirían como locales de votación. Dos días después, algunos directores de Barcelona expresaron sus dudas a Llobet, que convocó una reunión. Un inspector denunció que existieron “presiones” y aludió a la directora de un instituto de Badalona, Josefa Bosch. En su declaración, sin embargo, Bosch ha echado por tierra el relato del inspector. Ha explicado que, efectivamente, en la reunión pidió alguna instrucción por escrito, pero ha negado que ese gesto pusiera “furiosa” a la alto cargo, al contrario de lo que había dicho el inspector.

Los institutos de enseñanza fueron una pieza clave en el engranaje del 9-N. El fiscal, sin embargo, basa su tesis de que el Gobierno catalán siguió impulsando la consulta pese al veto del Constitucional en otros ocho indicios. La mayoría de ellos tienen que ver con los encargos a empresas privadas para realizar los trabajos. Lo cierto es que todos esos trabajos se encargaron antes del 4-N, pero muchos se ejecutaron después. Y la Generalitat, inciden los fiscales, no hizo nada por paralizarlos.

Sobre esos trabajos declararán los testigos de esta tarde, aunque uno de ellos ya lo ha hecho: el administrador de Focus, la empresa a la que Presidència encargó la instalación de un centro de prensa en un pabellón de la Fira de Barcelona. Martínez ha explicado que el encargo se hizo “15 días antes” del 9-N (o sea, antes de la suspensión por el TC), pero ha agregado que los trabajos para acondicionar el recinto se alargaron “del día 3 al 7 de noviembre”.