El Ayuntamiento de Madrid recurrirá la suspensión de las 35 horas

El equipo de gobierno de Ahora Madrid ha acordado este jueves recurrir la suspensión cautelar de la reducción de jornada de 37,5 a 35 horas semanales de los funcionarios municipales dictada ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Los jueces suspendieron la medida municipal aprobada por el Consistorio el pasado 30 de junio, ante el recurso interpuesto por la Delegación de Gobierno a través de la Abogacía del Estado.

La gerente de la ciudad, Carmen Román, ha explicado que el recurso no interrumpe la suspensión de la jornada de 35 horas. Esto significa que, a la espera de que los jueces dicten sentencia, el Ayuntamiento deberá acatar el auto del TSJM en un plazo de diez días. El gobierno municipal acordará en su reunión de la próxima semana que los funcionarios y empleados de organismos autónomos municipales vuelvan a la jornada de 37,5 horas. La gerente ha explicado que todas las medidas a emprender se elaborarán con las siglas sindicales: "Nuestros compañeros de viajes tienen que estar informados".

Preguntada sobre la decisión de la delegada del gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, de recurrir el acuerdo del Ayuntamiento sobre la jornada laboral, Román ha comentado que "al Ayuntamiento de Madrid se nos mira con mucha atención, cosa comprensible por el tamaño del Consistorio". Sin embargo, ha defendido que ante el auto del TSJM, los fundamentos jurídicos utilizados por el Ayuntamiento "son defendibles": "Se contraponen criterios jurídicos como para mantener cada uno la postura que tenemos", ha incidido.

La delegada del gobierno consideró ayer que "el único responsable de la suspensión cautelar de la aplicación de la jornada de 35 horas en el Ayuntamiento es el gobierno de Ahora Madrid, con su alcaldesa y exjuez Manuela Carmena a la cabeza, por aprobar una serie de acuerdos contrarios a la Ley". Dancausa criticó que el Consistorio avanzara en su propuesta de reducción de la jornada laboral, siendo pública la sentencia del Tribunal Constitucional que dejaba sin efecto la aplicación de una medida semejante en Castilla-La Mancha.