Barcelona ayudará a reclamar por las cláusulas suelo

Montaner recordó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha establecido la retroactividad de las cantidades satisfechas a raíz de las cláusulas suelo por opacas. El concejal aseguró que los trabajadores municipales, de forma “prácticamente inmediata”, estarán preparados para ayudar a los vecinos a realizar este tipo de reclamaciones.

La primera jornada de formación para los funcionarios de las oficinas de vivienda se celebró ayer en el auditorio de la Fundació Pi Sunyer de la capital catalana.

El máximo responsable de vivienda en el Ayuntamiento de Ada Colau presentó al abogado Martí Batllori y al juez José María Fernández Seijo, que fueron los encargados de dar las primeras directrices a los empleados públicos. Fernández Seijo es el magistrado que cuando era titular del juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona planteó una cuestión prejudicial al TJUE por el caso de Mohamed Aziz, un vecino de Martorell (Baix Llobregat) al que habían desahuciado de su casa por no poder hacer frente a la hipoteca y al que CatalunyaCaixa seguía reclamando 40.000 euros. El TJUE dictó que algunas de las cláusulas de los contratos españoles eran abusivas y contrarias a la directiva europea, lo cual abrió la puerta a nuevas demandas de afectados por la crisis hipotecaria.

Montaner detalló que el nuevo servicio municipal será simplemente de asesoramiento y ofrecerá las herramientas necesarias a todos los afectados “para que las entidades bancarias acaben abonando los importes correspondientes y no ofreciendo otros productos financieros a cambio”.

Pese al posicionamiento del Consistorio, los trabajadores públicos sólo harán funciones de asesoramiento y ayudarán, a los vecinos que lo precisen, a rellenar formularios. Después, serán los propios afectados quienes deberán realizar “la parte activa”. Montaner lamentó ayer no disponer de una estimación de la cantidad de afectados por las cláusulas suelo en la capital catalana.

Tsunami de desaprensivos

El magistrado Fernández Seijo destacó que el Real Decreto acordado por el Gobierno central ha impulsado una solución que permite a los afectados recibir el dinero que les deben las entidades bancarias sin pasar por los tribunales, en un plazo de unos tres meses y sin coste para los afectados.

Fernández aseguró que los trabajadores municipales sabrán completar los formularios de reclamaciones que “están colgados en Internet”. “Gracias a la labor del personal municipal no solo se protegerá a los consumidores ante los bancos, sino también ante el tsunami de empresas y desaprensivos que anuncian realizar este tipo de servicios y que hacen firmar unas cláusulas quedándose un porcentaje de lo reclamado”, advirtió.