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OPINIÓN

Por un barrido general

Una particularidad del soberanismo catalán es que sus conspiraciones no sean descubiertas por la otra parte, sino reveladas por sus propios partidarios

La presidencia de la Generalitat es un oficio de riesgo como pocos en los de su rango. Francesc Macià sólo la consiguió en 1931 después de unos años como refugiado político en Francia. A Lluís Companys le pilló en el cargo la sublevación militar de 1936, la subsiguiente revolución anarquista en Cataluña, la guerra civil y el exilio, tras lo cual, fue entregado a Franco por los nazis y fusilado en Montjuïc. A Josep Tarradellas la presidencia le recayó en un exilio que duraría nada menos que 38 años. Y Pujol la consiguió gracias, entre otras cosas, a sus años de prisión como antifranquista.

Los dos socialistas que la ostentaron después, Pasqual Maragall y José Montilla, pudieron terminar sus mandatos sin riesgos mayores: los percances de sus periodos de gobierno entran dentro de lo que cabe definir como conflictos políticos relativamente normales. Pero el presidente que les siguió, Artur Mas, está a la espera de juicio en una causa política que puede llevarle a la inhabilitación para el cargo. Y el actual presidente, Carles Puigdemont, se debate ante el dilema de seguir o no seguir la senda marcada por Mas y consumar una apuesta soberanista con váyase a saber qué consecuencias para él.

Puigdemont tendrá que tomar su decisión en medio de un atronador ruido formado a partes desiguales por los escándalos, la propaganda y la contrapropaganda. El último escándalo ha estallado porque uno de los promotores de la creación de un estado catalán soberano se ha dedicado a explicar públicamente durante los últimos meses a sus seguidores algunos aspectos relevantes de la conspiración previa que, inexorablemente, precede siempre al advenimiento de la independencia.

Todo el mundo sabe que este tipo de empresas requiere la sigilosa búsqueda de aliados exteriores, que sólo puede hacerse mediante diplomacias paralelas a las legales. Y preparativos interiores clandestinos. Pero una ilustrativa particularidad del caso catalán consiste en que, como se acaba de ver, la conspiración no sea descubierta por el espionaje de la otra parte sino por la revelación gratuita, graciosa podría decirse, de sus propios partidarios y protagonistas. Parece increíble pero es así.

Lo que está protagonizando el ya exsenador Santiago Vidal plantea colateralmente algunas cuestiones inquietantes. Por ejemplo, ¿será verdad que el Gobierno de Mariano Rajoy, que dispone de policía y servicios de espionaje generosamente dotados por los Presupuestos Generales, se ha enterado por la prensa de toda la actividad que Vidal explicaba en sus conferencias? De ser así, se plantea una disyuntiva atroz para los ciudadanos catalanes que estuvieran indecisos entre apoyar o no al movimiento soberanista. ¿Qué hacer, creer que podrán crear un Estado catalán estos conspiradores de una incapacidad y una ingenuidad apabullantes y manifiestas o, alternativamente, seguir a merced de un Estado que no deja de hacer gala de una ineptitud de tamaño por lo menos igualmente descalificadora? O esta otra: si no se enteraron de nada, ¿será porque se trata de fabulaciones, bravatas o figuraciones de un lenguaraz incapaz de controlarse?

De esta delirante ineptitud compartida dio fe, hace ya más de medio año un hecho lindante con el surrealismo, pero real. Una parte de las conspiraciones previas que, también inexorablemente, suelen acompañar toda reacción contra un movimiento secesionista, fue revelada a la opinión pública gracias a la grabación de una conversación del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en su propio despacho, con uno de los conspiradores, Daniel de Alfonso, a la sazón titular de la Oficina Antifraude de Cataluña. Meses después, la grabación se publicó en la prensa y aún puede ser escuchada por quien lo desee. Paradoja colateral del asunto es también que en ambos casos, dos de los conspiradores fueran jueces de carrera, De Alfonso y Vidal, uno en cada bando.

El forcejeo de un movimiento soberanista que persigue la partición de un Estado no es un nunca un camino de rosas. La creación e implantación de una nueva legalidad implica el derrumbe y la sustitución de la vieja y está en la naturaleza de las cosas que tanto el impulso a favor como el combate en contra del nuevo orden se lleven a cabo sin muchos miramientos. Y no digamos ya si, como es el caso, los protagonistas son sendos Gobiernos formados por partidos con un abrumador historial reciente de corrupción en la utilización del dinero público con fines ilícitos que tiene sobresaturado de trabajo al sistema judicial. Un panorama desolador, que requiere una alternativa que lo sea a ambos bandos a la vez, algo así como un barrido general.