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Colau quiere que los pisos turísticos paguen el IBI más caro

El Ayuntamiento de Barcelona ultima el Plan Estratégico de Turismo para aprobarlo en marzo

Turistas ante la Sagrada Familia de Barcelona.
Turistas ante la Sagrada Familia de Barcelona. EFE

Ni 72 horas han pasado desde que el Ayuntamiento de Barcelona aprobó el PEUAT, el plan que prohíbe la apertura de nuevos hoteles en el centro de la ciudad. El gobierno de la alcaldesa Ada Colau ha presentado este lunes el Plan Estratégico de Turismo 2020, un plan que busca "gobernar el turismo". Esto es: liderar el sector desde lo público. Ya lo advirtió el viernes al aprobar el plan de hoteles la responsable de Urbanismo, Janet Sanz: "Con el PEUAT comenzamos la gobernanza del turismo y vendrán muchos más". "El Plan Estratégico de Turismo parte de la base de que el modelo de ciudad y el de turismo van ligados", ha defendido hoy el teniente de alcalde de Empresa, Jaume Collboni.

Pruebas piloto en Sagrada Familia y Barceloneta

Otra de las cuestiones que prevé el Plan Estratégico es tomar medidas en lo que el texto llama EGA (Espacios de Gran Afluencia) para reducir el impacto de la presión turística sobre determinados puntos. Este sentido, el Ayuntamiento aplicará este verano una batería de medidas en la Barceloneta o la Sagrada Familia. Unas actuaciones que previamente discutirá con el entorno y que pueden pasar por peatonalizar calles los días de mayor afluencia, reubicar terrazas de bares o limitar la circulación de patinetes o segways, como hizo el verano pasado el consistorio.

El Plan Estratégico de Turismo 2020 contempla una batería de medidas: desde gestionar los flujos de turistas en las zonas más presionadas, hasta explorar medidas fiscales, como implantar una tasa para los turistas que visitan la ciudad sin pernoctar o la exigencia de que los pisos turísticos paguen el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) más caro. "El paso del uso residencial a turístico debe suponer un aumento en el IBI que obedece a que se saca un fruto económico", ha defendido el concejal de Turismo Agustí Colom.

Colom ha explicado que para lograr esta modificación en el IBI habría que modificar la Ley de Haciendas Locales del Gobierno español. Y que ya hay un frente común de grandes ciudades (Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Bilbao, San Sebastián, Valencia o Sevilla), dispuestas a reivindicarlo. "Que sea necesario hacer un cambio legislativo no quiere decir que no se pueda hacer, es una idea vinculada a que el turismo es una actividad y como tal hay que gravarla", ha defendido.

La patronal de los pisos turísticos, Apartur ha reaccionado rápidamente y ha rechazado el "IBI turístico". La asociación, ya molesta porque el plan de alojamientos aprobado la semana pasada no prevé nuevas licencias para pisos turísticos, insta al Ayuntamiento a "dejar de atacar al sector con medidas que generaran mas ilegalidad".

Hay otras medidas relevantes en el Plan que no dependen del Ayuntamiento. Una es la posibilidad de regular el alquiler de habitaciones, en la línea de los Bed & Breakfast. Lo prevé la Ley de Turismo de la Generalitat, pero está pendiente del Reglamento que lo desarrolla. En este sentito, una vez aprobado, el Ayuntamiento debería redactar una ordenanza específica para este nuevo negocio, ha explicado Colom, que ha aclarado que Barcelona pedirá a la Generalitat poder decidir no solo sobre las licencias sino sobre cómo tienen que ser estas habitaciones: "Cuántas en función del tamaño del piso, cuánto tiempo al año se pueden alquiler, etc.", ha dicho.

La otra reivindicación de calado es que la modificación del PGM (Plan General Metropolitano) que está en marcha contemple la tipificación de una nueva calificación del suelo como uso turístico "para poder aplicar medidas compensatorias", como existen actualmente reservas para vivienda o equipamientos.

Para cobrar una tasa a los turistas que no pernoctan, el gobierno de Colau quiere rescatar el proyecto de ordenanzas fiscales que le tumbó la oposición. Este proyecto preveía una tasa para los autobuses que aparcan en las fuentes de Montjuïc. Una tasa por la que los buses pagarían no 4,5 euros como ahora sino 34, y que serviría de prueba piloto para aplicarla al resto de aparcamientos de buses turísticos de la ciudad.

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