Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Detenidos y separados de sus hijas por una ablación genital inexistente

Cataluña revisará el protocolo contra la mutilación tras aplicarlo por un error de diagnóstico

Fatoumata Diaby, el pasado lunes en Barcelona.
Fatoumata Diaby, el pasado lunes en Barcelona.

Mamadou Touré y Fatoumata Diaby, vecinos de Sabadell (Barcelona) y nacidos en Guinea-Conakry, fueron detenidos por un error de diagnóstico. La pediatra de sus dos hijas firmó que los genitales de ambas habían sido mutilados. La facultativa admitió luego ante el juez que carecía de formación específica sobre el tema y que eso era lo que había creído ver, pero su informe bastó para activar las medidas más duras previstas en el protocolo de la Generalitat contra la ablación. La pareja pasó 54 horas en el calabozo y las dos pequeñas, de tres y cinco años, nueve días internadas en un centro de menores. Los hechos ocurrieron en 2012 y un informe jurídico de la Generalitat propone ahora indemnizar a la familia con 20.000 euros (5.000 por cada miembro) por los daños morales sufridos. El Gobierno catalán también estudia revisar el protocolo para dar mayores garantías a los implicados.

"Era fácil ver que todo era mentira. Yo misma había participado en charlas contra la ablación en Sabadell. Pero nadie nos quiso escuchar", se queja amargamente Fatoumata, a la que le duele especialmente una cosa: "Que nadie nos haya pedido perdón". Tras una década en España, ella trabajando en el sector de la limpieza y él en una planta de reciclaje, la pareja había logrado reunir el dinero para volar a su país. "Por fin iba a volver a ver a mi familia y ellos conocer a las niñas", recuerda ella. Mamadou, en ese momento en el paro, no pudo acompañarlas.

Como si fuera un mal presagio, la salud no las acompañó al regresar del trópico. La hija mayor vino con una molesta infección genital y Fatoumata cayó enferma, con largos episodios de fiebre alta. Unas tres semanas más tarde, la familia recibió una llamada de su centro de salud. "Dijeron que teníamos que llevar a la niña. Como ya habíamos ido a la pediatra por la infección, pensé que solo era una revisión".

Cuatro años de pleitos

Con las niñas en casa y el caso judicial en su contra cerrado, Fatoumata Diaby tomó una decisión: iba a llevar hasta el final la exigencia de responsabilidades por lo ocurrido.  "Por justicia y para que ninguna otra familia tenga que pasar por lo mismo", afirma decidida.

El primer paso fue denunciar a la pediatra que certificó que sus hijas habían sido mutiladas. Lo hicieron por la vía penal (el caso fue archivado) y ante el Colegio de Médicos, que no ha informado sobre la decisión adoptada. El segundo, exigir una indemnización por vía administrativa ante la Generalitat por los daños morales sufridos, tarea en la que SOS Racismo les está prestando apoyo.

La respuesta del Gobierno catalán da una idea de los desajustes que puede generar el protocolo cuando algo va mal. Mientras todos los demás actores implicados señalan a la pediatra como responsable de lo ocurrido, la Consejería de Salud afirma que ella no puede asumir las consecuencias y daños morales causados por medidas (detención, retirada de custodia...) adoptadas por otros departamentos.

La Comisión Jurídica Asesora, un órgano asesor cuyo informe es preceptivo por reclamaciones de responsabilidad patrimonial superiores a 50.000 euros, viene a poner orden en el desaguisado. Entiende los argumentos dados por los distintos departamentos de la Generalitat, pero concluye que, en su conjunto,  "esto no excluye que [...] pueda apreciarse una relación de causalidad entre la actuación administrativa y el daño causado".

Admitido esto, la Comisión pasa a determinar la cuantía de la indemnización. A diferencia las secuelas físicas, en las que existen tablas para establecer la cuantías de las indemnizaciones, la jurisprudencia es muy dispar al valorar la reparación por daños morales. SOS Racismo decidió tirar por lo alto y exigir 258.955,89 euros para cada uno de los cuatro miembros de la familia (1,03 millones en total). "Como los hechos nos parecen muy graves y no hay precedentes de casos como este, nos fijamos en resoluciones con indemnizaciones elevadas", explica Josep Granados, abogado de la entidad. 

La Comisión Jurídica Asesora propone una cantidad mucho menor: 5.000 euros por cada miembro de la familia. El instructor del caso decidirá si, como suele ser es habitual, acepta la cantidad propuesta por el órgano asesor para cerrar el caso.

SOS Racismo, por su parte, tiene previsto —si esta es finalmente la cuantía de la indemnización— recurrirla por vía contencioso-administrativa por considerarla "ridícula en relación al daño causado".

Pero el origen de la llamada, según recoge el informe de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, fue una alerta del colegio. Una monitora había avisado a la directora de que la niña tenía la zona genital irritada y esta, teniendo en cuenta el reciente viaje, pasó el caso a los servicios sociales. El procedimiento acabó en la consulta de la misma pediatra, que esta vez concluyó que había sufrido una amputación casi total de los genitales: de los labios exteriores, de parte de los interiores y del clítoris. Al día siguiente fue revisada la hermana menor. El diagnóstico fue el mismo. Según el informe de la Generalitat, la "apreciación" de la facultativa "fue corroborada por una trabajadora social presente" en la consulta.

La pareja fue detenida esa misma tarde por los Mossos d'Esquadra. Era el jueves 15 de noviembre. La Dirección de Infancia de la Generalitat (DGAIA) asumió la custodia de las niñas y las trasladó a un centro de menores. Fatoumata es capaz de relatar los hechos con una serenidad que no quiebran las lágrimas que afloran en sus ojos. Incluso ríe cuando recuerda cómo su marido, con cara de no entender nada, le preguntó en comisaría: "Oye tu, ¿no les habrás hecho algo a las niñas en Guinea?". "Yo le respondí: '¿Tu estás tonto o es que no conoces a tu mujer?' Imagínate cómo estábamos".

Fatoumata no quiere entrar en detalles sobre las dos noches y casi tres días que pasó en el calabozo, cuando las preguntas se atropellaban en su cabeza: "¿Qué harán las niñas? ¿Dónde dormirán? ¿Con quién estarán?...". Solo recuerda que se encontraba muy mal y que cuando la llevaron a un centro médico para ser visitada, iba esposada. "Todo el mundo me miraba. Yo solo podía mirar al suelo".

Cuando el matrimonio salió de comisaría en libertad con cargos, el sábado día 17 por la tarde, Fatoumata agarraba con fuerza el papel que llevaba en una mano. Era solo una nota con la dirección de la DGAIA escrita, pero "era lo único que tenía para llegar hasta las niñas". "Fuimos el lunes a primera hora y vimos la directora del centro de menores. Aún me acuerdo de esa mujer y le doy las gracias cada vez que pienso en ella. Me dijo que las niñas estaban bien y escuchó todo lo que quería decirle: que era imposible lo que decía la pediatra, que por favor lo miraran bien, que llamaran a otro médico...".

Las pruebas médicas tardaron tres días en realizarse. El informe de la Generalitat detalla que "el informe del servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, con fecha de 22 de noviembre, establece la normalidad orgánica ginecológica de las niñas". Al día siguiente, las niñas pudieron volver a casa "con el compromiso de los padres de realizarles un nuevo examen ginecológico, que se llevó a cabo el 27 de noviembre en la clínica Dexeus con el mismo resultado", recoge el informe. El día 28, casi dos semanas después de la detención, la DGAIA devolvió a la pareja la custodia de las niñas. El juez archivó las diligencias el 10 de diciembre.

El caso de Mamadou y Fatoumata es el primero en España en el que una pareja ha sido detenida por una mutilación genital que no era tal. El protocolo de la Generalitat contra esta agresión, en vigor desde 2002, basa su fortaleza en la coordinación de todos los profesionales implicados: docentes, trabajadores sociales, médicos, jueces y fiscales, policía... El caso de Sabadell, sin embargo, pone de manifiesto un punto débil: el papel determinante que en él asume un solo facultativo.

Esto hace posible que un error humano o carencias de formación causen graves prejuicios a personas inocentes. SOS Racismo considera que un simple cambio —que la segunda revisión médica se haga antes y no después de remitir el caso al juzgado—, bastaría para dar mayores garantías a todos los implicados. Incluidos los médicos. La pediatra de Sabadell, por ejemplo, tuvo que enfrentarse posteriormente a las denuncias presentadas en su contra por la familia.

Oriol Amorós, Secretario de Igualdad y Migraciones de la Generalitat, admite que el protocolo, tras 15 años en vigor, debe ser actualizado y que este 2017 serán revisados este y otros puntos de la norma. Esta prevé un paquete de medidas de prevención y formación para las poblaciones originarias de zonas donde la mutilación está arraigada (unas 50.000 personas en Cataluña) y los profesionales relacionados.

La Generalitat estima que la población en riesgo en su territorio está formada por unas 6.000 niñas, cifra que el Ministerio de Sanidad eleva a 17.000 en toda España. El momento de mayor riesgo, coinciden los expertos, es cuando las menores van a viajar a sus países de origen. Es entonces cuando las familias deben firmar un documento en el que admiten conocer la prohibición legal de la mutilación y se comprometen a someter a sus hijas a una revisión antes y después del viaje.

Para Noemí Pereda, directora del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente de la Universidad de Barcelona, la única forma de que lograr que los protocolos sean eficaces ofreciendo plenas garantías a los implicados es "dar los profesionales todas las herramientas para resolver las situaciones a las que se enfrentan. "La más importante es la formación, pero los protocolos también deben prever qué hacer en caso de dudas o casos muy complejos", afirma. El grupo que dirige Pereda está especializado en casos de violencia doméstica y abusos sexuales. El protocolo que se aplica en estos casos sí prevé un mecanismo de revisión: "El profesional deberá comunicar y discutir el caso con su superior inmediato antes de trasladarlo al juzgado", explica.

Para SOS Racismo, que ha asistido legalmente a la familia, hay que extremar las garantías para que los prejuicios no acaben contaminando la aplicación del protocolo. "¿Cómo pudo ver la pediatra una mutilación donde días antes había visto una infección? ¿Cómo pudo ver lo mismo en la hermana pequeña, que no tenía ninguna dolencia? ¿Qué hacía una trabajadora social participando en un diagnóstico clínico? ¿Por qué no se escuchó antes a la familia? ¿Era necesaria una detención de tres días? Parece que hubo un momento a partir del cual ser una familia de Guinea que había viajado a su país predispuso a todos a creer que había cometido el delito. Y a eso se le llama discriminación", lamenta la entidad.

Investigacion@elpais.es