80 imputados en el ‘caso Smuggling’, el golpe de De Lara al contrabando

Una granja de cerdos cerca de Ciudad Rodrigo (Salamanca) servía de tapadera a Miguel Ángel R.F., uno de los jefes de la extensa y tupida red que presuntamente surtía de tabaco de contrabando a numerosos establecimientos españoles y que está siendo investigada por la magistrada Pilar de Lara, principal azote contra la corrupción en Galicia, que al margen de sus causas contra políticos y empresarios sigue atendiendo los otros asuntos que recalan en el juzgado de Instrucción número 1 de Lugo.  Por teléfono, el cliente pedía "jamones", pero lo que se le servía no eran derivados porcinos sino cajetillas sin las marcas de Tabacalera que indican que el cigarrillo, además de con nicotina, ha llegado al consumidor cargado de impuestos. La macrooperación ha sido bautizada con el nombre de Smuggling ("contrabando", en inglés) y acumula ya 44 tomos y alrededor de 80 personas investigadas desde hace cuatro años.

La mayoría son españoles y también hay un buen número de ciudadanos rumanos. Hay desde proveedores y farderos encargados de pasar clandestinamente las fronteras con la mercancía foránea a la espalda hasta hombres y mujeres que despachan al por menor el tabaco sin precintas legales en conocidos comercios, bares, restaurantes, hoteles, máquinas expendedoras e incluso librerías. También algún guardia civil jubilado que, según los investigadores, daba el soplo a los contrabandistas de los movimientos de las patrullas fronterizas, y alguna vigilante de la ORA que supuestamente rondaba un mercado de A Coruña de titularidad municipal para avisar a los tenderos si se acercaba la policía.

La trama estaba formada por varios grupos, cada uno con su particular jefe y todos independientes entre sí pero, lejos de tener un funcionamiento anárquico, la maquinaria marchaba perfectamente engrasada y los engranajes encajaban como en un reloj. No se solían dar órdenes. Cada uno conocía su cometido y el porcentaje que le correspondía desde hacía mucho tiempo, así que no había nada que discutir. Entre los eslabones de la cadena apenas hacían falta palabras, y si se hablaba era en clave, desde cabinas públicas o con móviles que eran renovados constantemente y tarjetas SIM compradas en el extranjero, incluso tan lejos como Bangladesh. Esto dificultó mucho el trabajo de la Policía Judicial de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera. Pero los agentes no tardaron en saber que al Cherterfield lo llamaban "champán"; al Winston, "pájaro" o "la roja"; al Marlboro, "Martini" y al Camel (mucho más fácil), "camello".

Muchos de los miembros de la cadena también tenían alias: Rubio, Rambo, Viruta, Barrigas, Vacas, Trincheras, Tacones. Cientos de miles de cajetillas valoradas en varios millones de euros viajaban por la trama hasta los consumidores finales por una especie de sistema sanguíneo formado por lo que, según De Lara, son "distintos grupos criminales organizados que se desenvuelven en diversos ámbitos geográficos" como Lugo, Coruña, Ourense, Pontevedra, Vizcaya, Salamanca, Madrid, Cáceres, Badajoz, Málaga, Sevilla, Lleida y Tarragona. En sentido contrario, y de igual disciplinada manera, corría el dinero por los mismos cauces, desde los vendedores finales hasta los introductores del tabaco por Andorra o Gibraltar, y cada intermediario iba retirando del montante la parte correspondiente por sus servicios.

Durante las investigaciones, que se iniciaron con las primeras incautaciones en vehículos, almacenes, zulos y establecimientos comerciales en 2013 y 2014, se descubrió también que parte de la mercancía ilegal incautada era tabaco de marcas falsificadas. Los agentes enseguida sospecharon que varias partidas distribuidas por alguno de los grupos que tejían la trama procedían de una fábrica ilegal de tabaco ubicada en Málaga, mientras que otras tenían un origen desconocido. Podrían venir de China o Indonesia, dos de los países donde se elabora de forma clandestina la mayor parte de los cigarrillos falsificados que se fuman en el planeta. El Marlboro, por ejemplo, suele proceder de factorías chinas sobre las que no existe ningún tipo de control, y menos sobre la composición del tabaco. Cada lote de cajas llenas de cartones incautado en la Operación Smuggling era enviado a Philip Morris Italia para su análisis. Así se comprobó que la red comerciaba tanto con tabaco de marca auténtico como con imitaciones y que los unos y los otros eran despachados al consumidor por las mismas vías, incluidas las máquinas expendedoras.

La capacidad económica de los distribuidores e intermediarios era enorme porque cada cartón vendido, según los cálculos de la investigación, les reporta unos 10 euros limpios y cada caja que traen contiene 50. El negocio de la introducción y venta de tabaco de contrabando es tan rentable que en alguno de los seguimientos se pudo constatar cómo uno de los imputados compró en un solo día cajetillas por 300.000 euros. Según fuentes vinculadas al caso, "se está moviendo mucha cantidad de tabaco de contrabando por la crisis. Hay bastante tolerancia y mucha demanda", sobre todo desde que ha aumentado la carga fiscal sobre lo que se fuma. Por eso el río, en estos últimos años, se ha vuelto enorme.

De Lara acaba de emitir un auto en el que acuerda repartir el caso en ocho piezas separadas con el propósito de enviar la mayoría a otros juzgados de España. Ella seguirá instruyendo la parte relativa a los distribuidores de tabaco de contrabando en Lugo, un grupo presuntamente encabezado por el empresario Ramiro V.P., imputado también junto con su hijo por tráfico de drogas después de que durante los registros se descubriesen en un domicilio familiar un laboratorio y cantidades diversas de varias sustancias estupefacientes.

Según la magistrada, el contrabando es, para las personas investigadas, un verdadero estilo de vida. Muchos no realizan ninguna otra cosa desde hace años y dedican la jornada al negocio con la misma organización que en una actividad laboral normal. Siguen, además, viejas pautas instauradas. En la Smuggling se supo, por ejemplo, que la mayor parte de las veces, para evitar ser detenidos, los protagonistas de esta trama tomaban la precaución de fragmentar las partidas de tabaco clandestino introducidas en el mercado y almacenarlas en todo tipo de locales, por lo general de titularidad ajena. En España, si una persona porta tabaco por una cuantía inferior a 15.000 euros (unas siete cajas) no se considera delito de contrabando, sino falta administrativa. En Vigo, sin embargo, Carlos L.E., último eslabón en el mercado de A Pedra, fue detenido cuando los agentes localizaron en un trastero 31.596 cajetillas valoradas en 134.137 euros.

No obstante, todavía resultó ser un destino más importante para la red investigada el mercado coruñés de Santa Lucía, donde se llevaron a cabo redadas millonarias. Allí, entre los investigados hay un par de mujeres que supuestamente dominaban los puestos. Unos negocios en los que, al tiempo que se incautó tabaco ilegal, el 21 de mayo de 2014 se aprehendieron más de 33.000 zapatos, bolsos y prendas de ropa de marca presuntamente falsificadas.

Pero la cadena humana que introducía la mercancía ilegal comenzaba muy lejos. Era durante las noches en las que la nieve no impedía trabajar a los farderos que cruzaban a pie los pasos fronterizos de los Pirineos con 750 o 1.000 cajetillas a sus espaldas, camino de almacenes escondidos en la provincia de Lleida. Luego, en España, el transporte se hacía en vehículos con doble fondo y con coches lanzadera por delante, encargados de cuidar que las carreteras estuvieran libres de riesgos y controles policiales. Pero el golpe a la trama no ha mermado la actividad general. A diario siguen recorriendo las mismas rutas decenas de contrabandistas con miles de cajetillas ocultas. Y docenas de farderos españoles y extranjeros bajan la carga hasta las pistas si el tiempo acompaña.