El Constitucional dictó en 1993 que los agentes rurales deben ir armados

“Cuando estén en acto de servicio llevarán obligatoriamente el arma que corresponda”. Ese es el fallo que, el 1 de febrero de 1993, dictó el Tribunal Constitucional (TC) a propósito de un conflicto de competencias vinculado con el reglamento de los agentes rurales de la Generalitat. La muerte a tiros de uno de ellos, el pasado sábado, a manos de un cazador, ha reabierto el debate sobre la necesidad de armar al cuerpo. Ayer se supo que el cazador, Ismael R., que ya está en prisión provisional, había sido denunciado dos veces por infracciones.

La Generalitat dispuso que los rurales tienen “carácter de agentes de la autoridad” y debían llevar arma en acto de servicio. El Estado planteó un recurso al considerar que se estaba creando “una nueva policía” (además de los Mossos) y defendió que no debían ir armados. El TC falló a favor del Gobierno catalán, que “no había invadido ninguna competencia”.

La Generalitat arguyó que solo estaba “imponiendo un mandato” a los agentes dentro de las facultades de organización interna. La sentencia del TC dictaminó que es un cuerpo de policía administrativa especial y que llevar arma no le convierte en un cuerpo de seguridad. El tribunal señaló, además, que no se indica “qué tipo de arma ha de ser utilizada”.

A pesar de que ha habido varios borradores, la Generalitat no ha publicado en 30 años el reglamento de uso de armas. En 2003, la ley que actualizó las funciones del cuerpo estableció que tenían “derecho” a portar armas para ejercer las funciones que lo requieran, y que deberían fijarse en un reglamento. La muerte a tiros de dos agentes rurales ha vuelto a poner sobre la mesa esa necesidad. Ninguno de ellos pudo defenderse cuando Ismael R. les disparó en cuatro ocasiones con su escopeta en un coto de caza de Aspa (Lleida), cuando los agentes participaban en un control rutinario.

Según fuentes cercanas a la investigación, el cazador había sido sancionado dos veces. La primera, en 2010, cuando la Guardia Civil le denunció por circular por un camino con la escopeta cargada, pese a ser una zona de seguridad. La Generalitat le retiró la licencia dos años y le impuso una multa de 300 euros. La segunda fue interpuesta por los agentes rurales en 2013 en Vacarisses por cazar pájaros fringílidos —que son una especie protegida— con una red abatible. Se le impuso otra multa, de 400 euros.

Los Mossos, por otra parte, detuvieron ayer a Jordi B., un criador de perros de Sils (Girona) por escribir en el muro de Facebook de la Asociación Profesional de Agentes Rurales de Cataluña comentarios en los que amenazaba con matar a otros agentes rurales. Está imputado por un delito de amenazas. “Los rurales son unos mafiosos corruptos, yo mismo no puedo asegurar que un día no haga lo mismo”, escribió.