El ex alto cargo Caturla declara que el PP impuso a los zombis de Ciegsa

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El ex secretario autonómico de Educación valenciano Máximo Caturla ha afirmado este jueves ante el juez que el PP impuso en la empresa pública Ciegsa, dedicada a construir colegios, a los cinco empleados fantasma que, según la investigación del caso Taula, cobraban de la sociedad sin trabajar en realidad para ella.

Construcciones e Infraestructuras Educativas (Ciegsa) fue la empresa de la que más dinero extrajo la presunta trama del 3% desarticulada por el juez Víctor Gómez. Y acumuló sobrecostes de más de 1.000 millones de euros.

Tres de los presuntos zombis laborales tenían contratos de alta dirección y cobraron entre 35.000 y 60.000 euros al año sin acudir a la sede de Ciegsa. La empresa pública les alquiló un piso en el centro de Valencia, en la calle Hernán Cortés. Caturla ha dicho que unos nombres los impuso la dirección regional, presidida entonces por Francisco Camps, y otra, la provincial, al frente de la cual estaba Alfonso Rus.

Formalmente las tres personas con contratos de alta dirección, cuyas profesiones previas habían sido la de profesor, policía y comercial, realizaban laborales de intermediación entre Ciegsa y los Ayuntamientos. En realidad, según el testimonio del arrepentido Marcos Benavent, hacían trabajos para el PP.

De los otros dos empleados bajo sospecha, una ya reconoció al magistrado que aunque cobraba de Ciegsa siempre ha trabajado para la Consejería de Educación. El otro presunto zombi era Evaristo Aznar, alcalde de Llosa de Ranes (Valencia) con el PP.

Caturla ha negado haber intervenido en su contratación, a pesar de que ocupaba el cargo de consejero delegado de Ciegsa.

El juez le ha preguntado por un informe de la Sindicatura de Comptes, el órgano fiscalizador de la Generalitat, que advertía de la forma irregular en el que Ciegsa estaba realizando estas contrataciones, sin respetar los principios de mérito y capacidad que debe aplicar la Administración.

Meras recomendaciones

El ex secretario autonómico de Educación, considerado por los investigadores como el principal recaudador de la red de Taula, ha contestado que disponían de un informe jurídico elaborado por Broseta Abogados en el que se les eximía de aplicar tales procedimientos, y que los informes de la Sindicatura solo contenían "recomendaciones".

Rus, que también ha comparecido este jueves ante el juez Gómez, ha negado haber tenido intervención en las contrataciones de un órgano que dependía de la Generalitat y no de la Diputación de Valencia, el organismo que él presidía.

Rus sí ha admitido que, tal y como recogen conversaciones grabadas que obran en la causa, le preguntaron por posibles nombres para entrar a trabajar en Ciegsa. Pero, según él, fue porque le preguntaban "por todo". "El único que trabajaba era yo", ha afirmado según fuentes conocedoras de su declaración.