Trillo cae, Rajoy sigue ahí
El presidente del Gobierno aparta al político que presentó el recurso contra el Estatuto pero en Cataluña sigue aplicando la misma estrategia
Del grupo de dirigentes del PP que protagonizaron la batalla contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 solo quedan en primer plano Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría. La caída en desgracia de Federico Trillo, el que siendo diputado presentó ante el Tribunal Constitucional el recurso del PP contra el Estatuto, llega años después de que otros de sus compañeros de partido que dirigieron la operación perdieran su protagonismo político. No es que los demás estén mal colocados, no. Pero han quedado al margen. Ángel Acebes, por ejemplo, era el secretario general del PP durante toda la etapa de elaboración del proyecto estatutario, entre 2004 y 2008, y el que daba las órdenes a sus diputados catalanes, encabezados por Josep Piqué. Después de su desastrosa gestión como ministro del Interior del posatentado de Atocha de 2004, Acebes atravesó una de esas puertas giratorias que llevan del Gobierno al conglomerado de las grandes empresas eléctricas y financieras. Javier Arenas y Esteban González Pons, que en aquella época eran de los más activos debeladores del catalanismo como el enemigo interior de España, están ya fuera del foco político, el primero confinado en su Andalucía natal y el segundo como eurodiputado en Estrasburgo.
Trillo cumplió en el PP durante un largo periodo la función que podría describirse como la de especialista en tribunales. El periodista Antonio Franco describió la semana pasada con finura magistral las habilidades de Trillo no como jurista, que eso contaba relativamente poco para sus objetivos, sino como experto en obtener de los tribunales lo que le interesaba al partido en cada caso. Que las diligencias judiciales se eternicen cuando así conviene, que se llegue como sea hasta los plazos de prescripción, que se extravíen o traspapelen documentos, que las retractaciones sigan a las confesiones, que se anulen pruebas comprometedoras, etcétera. O lograr que el caso que preocupa vaya a manos de ese juez y no de otro. Que a tal juez le inhabiliten. O, como ocurrió en el caso del Estatuto de Cataluña, que la preceptiva renovación del Tribunal Constitucional se encalle y posponga hasta que al PP le convenga y pueda asegurarse una composición favorable a sus intereses. Todo legal, por supuesto. Trillo era el encargado de eso, de que todo sea legal, por supuesto.
Rajoy y Sáenz de Santamaría lidian desde 2012 con los resultados en Cataluña de esa política. Rajoy era el presidente del partido. La hoy vicepresidenta del Gobierno ocupaba entre 2004 y 2008 la secretaría de política autonómica y local de la dirección del PP y como diputada en el Congreso fue ponente en la oleada de reformas de los estatutos de autonomía que comenzó con el de Cataluña. Aquella batalla contra el Estatuto catalán de 2006 la libraron Rajoy y Sáenz de Santamaría desde la oposición y, en realidad, era sobre todo un objetivo táctico de un diseño estratégico general cuyo propósito era presentar al partido socialista y al presidente Rodríguez Zapatero como incautos rehenes del nacionalismo catalán y, por lo tanto, poco fiables defensores de la nación española. Les salió muy bien. La forma en que el Gobierno de Rodríguez Zapatero afrontó la crisis económica a partir de 2008 hundió al PSOE en las urnas en 2011, pero el plus de votos que le dio al PP la mayoría absoluta en las Cortes venía de la otra vía de agua: la producida por la quiebra de su crédito como partido nacional español ante un segmento del electorado que oscila entre el PSOE y el PP, en particular en el centro y el sur de España. Después de presentar al catalanismo como el enemigo interior, el PP logró que una parte del electorado le considerara el partido nacional español por excelencia.
La hegemonía en el bloque catalanista, hasta entonces dirigido por los autonomistas, lograda por los independentistas a partir de 2010-2012, fue presentada por el PP no como el catastrófico resultado de su política, sino como una confirmación de sus argumentos, la justificación a posteriori de sus miedos, de su desconfianza hacia lo que suelen denominar deslealtad congénita de los nacionalistas.
Ahora, sin embargo, Rajoy y Sáenz de Santamaría no están en la oposición, sino en el Gobierno y se encuentran con que el presidente de la Generalitat no quiere acudir a una reunión de presidentes de comunidades autónomas. No hay confianza. No creen ya en el modelo constitucional. Aunque Rajoy haya dejado caer a Trillo, él y su vicepresidenta siguen ahí. Y practican la misma política.
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