El fiscal pide que se amplíen los hechos delictivos contra el exbarón del PP en Pontevedra

El fiscal de delitos económicos de Pontevedra ha recurrido el auto de apertura de juicio por un presunto delito continuado de cohecho contra Rafael Louzán durante su etapa de presidente de la Diputación y del PP de Pontevedra y el concejal popular de Pazós de Borbén Severino Reguera cuando este era diputado provincial. El ministerio público no está de acuerdo con que la juez haya excluido de los hechos delictivos que juzgará un tribunal popular la conexión de ambos acusados con una constructora.

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Los hechos motivo del recurso se detallan en el escrito de acusación del ministerio público como indicios de que las relaciones entre ambos políticos no solo se ceñían al sobreprecio en los alquileres de unos bajos comerciales en Vigo por parte de Louzán y su esposa, también encausada, a Severino Reguera, y por los que se abrió juicio contra ellos.

Para reforzar su tesis, el fiscal alude a la empresa Construcciones Alfredo Vidal, SL, de Pazos de Borbén, en la que tenía intereses una prima de Reguera Varela y que por resolución de Louzán como presidente de la Diputación fue adjudicataria en 2011 de varias obras. El proceso de selección de esta firma es objeto de otras investigaciones penales abiertas en el juzgado número 1 de Pontevedra por posible incumplimiento de los requisitos administrativos.

A petición de los abogados de los acusados, que consideraron estos hechos fuera de contexto porque ya forman parte de otras investigaciones judiciales, la juez instructora acordó excluirlos de la relación de indicios delictivos.

Conforme a la Ley de Jurado, en la última fase previa al juicio, el recurso tendrá que resolverlo la Sección Segunda de la Audiencia y si fuese apelado, el último dictamen le correspondería al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Una vez resuelto este trámite, será el tribunal de la Sección Cuarta la que fundamente en un último auto los hechos delictivos del juicio, por lo que cabría la posibilidad de que o bien los admita o incluso los rechace, decretando en este caso la disolución del jurado.

Rafael Louzán, actual presidente de la Federación Galega de Fútbol, presentó su baja en el partido el pasado 29 de diciembre pero el PP ha decidido que siga cobrando un sueldo de 44.000 euros anuales de la Diputación de Pontevedra como asesor del grupo parlamentario popular. Louzán afronta un año de prisión y suspensión de empleo y cargo público por tiempo de dos años y tres meses, además del comiso de los locales comerciales de los que es propietario en régimen de gananciales con su mujer.

Para Severino Reguera, la pena solicitada por el fiscal es de un año de prisión y otro de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, mientras que para la mujer de Louzán pide nueve meses de prisión, 14 meses de suspensión de empleo y cargo público.

La juez considera que el alquiler, en 2008, de los bajos comerciales por el matrimonio Louzán al concejal y empresario de panadería Severino Reguera estaba previamente pactado y sobrevalorado respecto al precio medio del mercado, lo que “constituye una forma de cobrar favores políticos por el que entonces era presidente de la Diputación al diputado raso”, señala el escrito de acusación del fiscal.