Las defensas del caso Guateque piden anular las escuchas telefónicas y alegan retrasos excesivos
Algunos abogados se acogieron a una directiva europea para que los procesados puedan ausentarse
Las peticiones más repetidas este miércoles en la Audiencia Provincial entre los abogados de los 30 acusados del caso Guateque -la mayor red de tráfico ilegal de licencias municipales para locales públicos- fueron la anulación de las escuchas telefónicas realizadas por los investigadores de la Guardia Civil y la denuncia de un retraso excesivo en el proceso. A su vez, las defensas se acogieron a una directiva europea que delimita el derecho de asistencia a los juicios para pedir que los procesados no tengan que asistir a todas las sesiones. La trama se destapó en 2007 y entre los implicados se encuentran empresarios, funcionarios y antiguos altos cargos del Ayuntamiento madrileño. El fiscal solicita una pena conjunta de 250 años de cárcel para los acusados -con ingresos en prisión que oscilan entre los 10 meses y los 31 años-.
Alrededor de las 11.00 horas comenzaron las cuestiones previas. El letrado de Victoriano Ceballos, uno de los presuntos cerebros de la trama de corrupción y que se enfrenta a 14 años de cárcel, aportó documentos relacionados con los delitos de los que está acusado su cliente. Este estuvo al frente de la División de Impacto Ambiental. Además, el abogado de Sara López, exempleada de la Junta de Distrito de San Blas, denunció la vulneración de derechos de su cliente ya que transcurrió una década desde que se produjeron los hechos sobre los que se le juzga.
El abogado de otro acusado, Carmelo García, también se unió a la protesta sobre la vulneración de derechos. El letrado denunció la manera en que se realizaron las escuchas telefónicas y criticó que no se respetó el secreto de las comunicaciones de su cliente.
Otros, como el abogado del acusado Mario Minguez, fueron muy claros. "A mi cliente se le podría juzgar en una hora", afirmó. Además, el defensor de José Antonio Jodar pidió que si los magistrados declarasen una prueba nula, que también se anule todo lo que se devenga de ella. Argumento que fue compartido por la defensa de María Ángeles Díaz León entre otros.
Tras un receso de media hora, la presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia informó de que a los acusados y sus representantes se les permitirá ausentarse de las sesiones, salvo en sus declaraciones y en el turno a la última palabra. Además, la juez aclaró que la cuestión de las nulidades se estudiará en la sentencia que se emitirá cuando acabe el juicio -decisión que algunos abogados no apoyaron y pidieron que la sala dejara constancia de su protesta-.
Mañana a las 10.00 horas comparecerán cuatro exejecutivos de Seguros Ocaso debido a su relación con presuntas irregularidades en los trámites para el cambio de uso del edificio de una de sus sedes -situada en la calle Princesa-. El primero en prestar declaración será Javier Zumalacárregui, que fue subdirector general de la empresa. Los siguientes serán Ramón Boticario, José Manuel Pérez y Carlos Rubi. El proceso está previsto que se alargue hasta el mes de mayo.
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