La Comunidad frena el 'caso Guateque' al no crear un juzgado bis

El Juzgado de Madrid que investiga la mayor trama de tráfico ilegal de licencias municipales para locales públicos, el llamado caso Guateque, está sumido en el caos desde hace meses debido a la demora de la Comunidad de Madrid en crear el juzgado de apoyo que le ordenó en febrero pasado el Consejo General del Poder Judicial.

Amparándose en "la crisis", la Consejería de Justicia desobedece desde el pasado 9 de febrero la orden de crear un juzgado bis de apoyo al número 32 y reforzarlo con cinco funcionarios. El Juzgado, que dirige Santiago Torres, es el que más presos tiene a su cargo de los de plaza de Castilla, casi un centenar. Al caso Guateque (que ya acumula 140.000 folios y entre cuyos 100 imputados figura Teresa Gabarra, esposa del ex consejero de Deportes del Gobierno de Esperanza Aguirre Alberto López Viejo) se unen otras causas complejas, y algunas declaradas secretas.Por ejemplo, las diligencias previas 2983/09 que condujeron a la cárcel, de una tacada, a 26 personas tras varias decenas de registros en casas.

El juez pidió investigar los bienes del exconsejero López Viejo

Hasta ahora, la Consejería de Justicia ha hecho caso omiso a la retahíla de desesperados escritos que ha remitido el secretario del Juzgado 32 a la dirección general. En esos escritos, el secretario reitera el incumplimiento de la orden del Poder Judicial y pone de relieve el descomunal atasco que atraviesa este órgano.

Tras una inspección en el Juzgado 32, el Poder Judicial observó el volumen de asuntos y dio instrucciones al Ministerio de Justicia y a la Consejería, con fecha 9 de febrero pasado, para que se crease un juzgado de apoyo con carácter de urgencia. Ocho días después, el Ministerio cumplió con su obligación y libró el dinero para la contratación como juez sustituta de Pilar Frutos. La incorporación de los cinco funcionarios necesarios para el juzgado bis es responsabilidad legal de la Comunidad, que tres meses después sigue sin reforzar el juzgado. Al menos tres oficios, sin respuesta, ha enviado el juzgado a la Comunidad. El último, fechado el pasado 3 de mayo, empieza así: "Como continuación a los escritos de 28 de febrero y 23 de marzo pasados, y no teniendo constancia de la adopción de ninguna medida para la constitución del juzgado bis (...) intereso de nuevo se adopten las medidas necesarias para la creación del juzgado, informándole de la imperiosa necesidad de su creación".

En el escrito del 23 de marzo que remitió a la Comunidad, el secretario dibujó un panorama exasperante. Tras lamentarse de la ausencia de respuestas por parte de la Comunidad, el secretario enfatiza: "Ante la demora en su creación , la situación del Juzgado 32 ha ido empeorando día a día (...) En el momento actual, por la desmesurada carga de trabajo que sufrimos hay muchos atestados minutados y pendientes de incoar, muchos escritos pendientes de unir y proveer, y muchos procedimientos pendientes de impulso. Ahora mismo", añadía, "es imposible dar el impulso necesario a cada procedimiento, ya que en estos momentos el problema no es qué se debe hacer, sino quién lo hace, o más aún, cuándo se hace".

A requerimiento de este periódico, un portavoz de la Consejería de Justicia, que dirige Francisco Granados, desveló que los nuevos funcionarios, sin precisar cuántos, llegarán al juzgado a comienzos del próximo mes de junio. Y admitió que la tardanza obedece a la actual "crisis económica".

El juzgado que dirige el magistrado Torres lleva muchos meses alertando de su estrangulamiento por la falta de recursos. Uno de los motivos del colapso es la gigantesca trama de tráfico ilegal de licencias para locales públicos que implica a empresarios, funcionarios y altos cargos del Ayuntamiento de Madrid y que fue descubierta a finales de 2007. Los imputados supuestamente recibieron dinero a cambio de agilizar licencias para locales. El juez pidió que se investigasen los bienes del ex consejero López Viejo y su esposa en relación con un supuesto trato de favor que habría recibido por parte de funcionarios municipales un restaurante que ella posee en Madrid. López Viejo, primero como viceconsejero de Presidencia, y más tarde como consejero de Deportes, fue durante años hombre de confianza de Esperanza Aguirre. Organizaba todos sus eventos, para los que contrató a dedo a la trama Gürtel. El exconsejero es uno de los principales imputados en Gürtel.

Tras aflorar el caso Guateque, este juzgado dispuso de refuerzos, pero la Comunidad los retiró meses después de estallar el escándalo. Fue entonces cuando el juez Torres, desbordado, pidió al Poder Judicial un juzgado bis, que le fue otorgado, pero que aún no ha entrado en funcionamiento por la desidia económica de la Comunidad.

En el escrito que Torres envió al Poder Judicial dando cuenta del atasco, señalaba que, aparte del caso Guateque, su juzgado tramitaba otros sumarios con decenas de imputados y 108 presos preventivos. Citó, por ejemplo, una causa por delitos de homicidio y contra la salud pública con 1.500 folios y ocho personas en prisión, y otro macrosumario sobre "bandas organizadas de distribución de cocaína en España, blanqueo de capitales y extorsión". Asimismo, aludió a otra causa sobre supuestos delitos societarios relacionados con el Real Madrid y otros 12 imputados, así como otro macrosumario de asociación ilícita por defraudación de IVA en operaciones intracomunitarias de importación de vehículos de alta gama, con otros 35 imputados.