Cuatro directivos de Seguros Ocaso, imputados en el 'Guateque'

La lista de imputados en el caso Guateque (la trama de corrupción en la concesión de licencias municipales descubierta en noviembre del año pasado) acumula cuatro nuevos miembros. Se trata de otros tantos directivos de la compañía Seguros Ocaso. Están acusados de delito de cohecho. Los cuatro ejecutivos, Carlos Ruiz, Javier Zumalacárregui, Ramón Boticario de Zulueta y Máximo Agustín Cabanas, comparecieron ayer ante el juez que instruye el caso, Santiago Torres, quien les preguntó por el cambio de uso del edificio que ocupa la sede central de la compañía, en la calle de la Princesa, número 23. Querían dedicarlo exclusivamente a oficinas y cancelar la parte destinada en él a viviendas.

Los ejecutivos negaron cualquier responsabilidad en la operación de cambio de uso del inmueble. En los trámites para solicitar esa modificación se usaron documentos falsos, según fuentes jurídicas próximas a la acusación. Este periódico intentó ayer, de forma reiterada y sin éxito, obtener la versión de la aseguradora.

Seguros Ocaso adjudicó los trámites y el proyecto del cambio de uso del edificio de su oficina central a la firma AC93, una de las empresas de ingeniería implicadas en la tramitación, presuntamente irregular, de licencias. Esta compañía realizó las mediciones, los planos y los trámites administrativos necesarios para reformar el edificio, según fuentes próximas a la acusación.

A tenor de esa versión, el juez preguntó ayer a los responsables de la aseguradora por unos documentos falsos que AC93 (cuyo propietario, Santiago Castillo, permanece en libertad bajo fianza), presentó a Urbanismo. Se trata de unos planos del edificio en los que supuestamente se alteraban las dimensiones del inmueble. Los cuatro directivos aseguraron al juez que la aseguradora se desentendió del proyecto cuando lo adjudicó.

Los ejecutivos de Ocaso se añaden a la larga lista de imputados en el caso Guateque, la mayor trama de corrupción descubierta en el Ayuntamiento de Madrid. Ya están acusados más de una treintena de funcionarios, el concejal de Salamanca Íñigo Henríquez de Luna y cerca de una docena de empresarios con cargos como tráfico de influencias, cohecho o prevaricación."No sabemos de lo que se nos acusa. Estamos muy sorprendidos con esta citación". Ésta fue la única explicación que ofreció a este periódico el abogado de uno de los directivos en los pasillos del juzgado.

El que no llegó a declarar ayer fue José Almansa, uno de los dueños del local de copas La Botellita, situado en la calle de Serrano, 63. Su comparecencia ante el juez se suspendió porque faltaba uno de los expedientes que había reclamado el magistrado. Almansa le confesó a Antonio Sanz Escribano, uno de los ingenieros investigados por la trama de corrupción, que había movido "hilos para abrir el local sin licencia. Por ejemplo, la madre de mi novia es la mejor amiga de Esperanza Aguirre y entonces se han movido ahí los cables en muchos temas", según figura en una conversación telefónica grabada en la investigación del caso Guateque en julio de 2007.

La Botellita adquirió la licencia de funcionamiento como bar con actuaciones en 2002, y sus dueños aún están obligados a cerrar a las tres de la madrugada. Su propuesta de ampliar el horario hasta las 5.30 fue denegada por la Junta Municipal del distrito de Salamanca. El local, sin embargo, continúa abierto y cierra más tarde de las 3.00.

Imputados al margen, ayer declaró como testigo Henar Pérez-Zaballos, jefa de la Sección Técnica de Ordenación de la Gerencia de Urbanismo. La funcionaria acudió ante el juez Torres a petición del imputado Fernando Ruiz Torrejón, también trabajador municipal de Urbanismo.

La testigo, que trabajó en el plan especial para reformar el colegio Sagrado Corazón, aseguró que nunca recibió instrucciones de ningún funcionario y afirmó que nadie le pidió que se saltara ningún trámite.