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OPINIÓN

El imperio de la ley

Negarse a reconocer las aspiraciones de una parte de la población y transferir el problema a los tribunales es una claudicación de la política

Pocos discuten que en la vida en sociedad no todo está permitido —entre otras cosas porque el límite de la libertad de cada cual está en la de los otros— y que hay que delimitar el espacio de lo que se puede hacer. En democracia, el terreno de juego lo define una ley que debe ser compartida y asumida por todos como marco de convivencia. Pero la ley no es anterior a la sociedad, es fruto de ella. Y por tanto debe estar a su servicio, no puede convertirse en arma arrojadiza de unos contra otros y su virtud está en la capacidad de ampliar el espacio de lo posible. La calidad de la democracia estriba en que la función represora no se imponga a la función integradora. Y por eso es importante distinguir entre política y legalidad, entre otras cosas porque es en la política en la que se fundamenta la legitimidad de las normas compartidas.

Puesto que sin límites no hay sociedad, dónde falla la ley, dónde el Estado no alcanza, inmediatamente aparecen otras formas de dominación, como vemos en Estados fallidos sometidos a las reglas de la mafia o del narcotráfico. De ahí, la importancia de un Estado de derecho digno de este nombre. Pero, a su vez, la sacralización de la legalidad la convierte en un horizonte absoluto —dando lugar a expresiones amenazadoras cómo el imperio de la ley— que nada tiene que ver con la cultura democrática. Hay algunas actitudes muy extendidas que tienen que ver con ello.

La primera es lo que, utilizando una vieja expresión de Louis Althusser, podríamos llamar la filosofía espontánea de los juristas. Todos tendemos a acuñar una visión del mundo a partir de nuestros conocimientos y de nuestras querencias y es evidente que cada una de las disciplinas del saber genera su estilo y sus prejuicios propios. A menudo en los juristas se aprecian una tendencia a confundir la ley con la realidad. Y, sin embargo, es innegable que la propia ley se configura a partir de las tensiones entre ella y la sociedad y es evidente que hay una dinámica entre el interior y el exterior de la ley, entre el dentro y el fuera, que es muy determinante de la evolución de la sociedad. Al fin y al cabo el proceso emancipatorio (acercarnos a una sociedad en que cada cual sea capaz de pensar y decidir por sí mismo) consiste en sucesivas ampliaciones del espacio de lo posible, de los derechos y capacidades de las personas, es decir, de la conversión de lo prohibido en permitido. La legalidad es un marco de convivencia nunca puede ser una fortaleza.

La segunda actitud, propia de tiempos en que la economía campa con escaso respeto por la política, es la que pretende confundir ley y moral. Todo aquello que es legal es moral. Un discurso ventajista que pretende excluir los conflictos morales del espacio público, para encerrarlos en el ámbito de lo privado. Hay muchos comportamientos inmorales que son legales, como hay comportamientos morales que son ilegales. Ciertas formas de explotación laboral, por ejemplo, pueden ser legales, pero no por ello dejan de ser inmorales y lo mismo podríamos decir de los salarios astronómicos que desafían todo sentido de la equidad y de la mesura. Y a su vez hay comportamientos de gran valor moral, como por ejemplo asistir y ayudar a refugiados, que pueden ser ilegales por las normas restrictivas de los gobiernos.

En fin, la tercera figura formaría parte de las tendencias espontáneas de la práctica política. Ampararse en la ley es, a menudo, una coartada para eludir responsabilidades en cuestiones políticas de muy complicado manejo. El recurso permanente a los tribunales ante el soberanismo catalán es un ejemplo de ello. Negarse a reconocer las aspiraciones de una parte muy significativa de una población simplemente porque la ley no las ampara y transferir el problema a los tribunales es una claudicación de la política. Poner la ley como barrera, por delante de cualquier forma de reconocimiento y negociación es negar a la democracia una de las virtudes que la debería diferenciar de los regímenes autoritarios: la flexibilidad para hacer evolucionar la legalidad en función de las demandas sociales pacíficas y respetuosas con los derechos básicos.