Incógnitas independentistas que se resolverán en 2017

El de 2017 debía ser un año clave desde que Artur Mas fijó un periodo de 18 meses para culminar un proceso independentista en Cataluña. Después de un año intenso y precipitado como ha sido 2016, el ejercicio que arranca lo hace con más incógnitas que respuestas. La única evidencia es que, a pesar de la llamada a hablar, los gobiernos del Estado y de la Generalitat van en dirección contraria a la resolución del conflicto.

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El alcalde de Girona asumió la presidencia de la Generalitat solo para año y medio, y así mantiene su compromiso. El presidente asegura que no cambiará de opinión, pese a que desde el Partit Demòcrata Català están convencidos de que lograrán hacerle cambiar de opinión. Ahora, la formación busca una salida.

El diálogo con el Gobierno

La disposición a negociar fue el gran mensaje que lanzó la Moncloa una vez Rajoy evitó unas terceras elecciones generales. De momento, no obstante, no hay ninguna muestra de deshielo y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría no se ha reunido todavía, de forma pública, con ningún miembro del Gobierno catalán.

Judicialización de la política

Es el asunto que puede caldear más el ambiente entre ambas administraciones. Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs están procesados por la convocatoria de la consulta del 9-N de 2014. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, está amenazada con la inhabilitación por haber permitido votar el procedimiento para declarar la independencia a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional. Concejales de la CUP han sido detenidos por desobediencia al negarse a acudir a los tribunales a declarar.

Los ‘comunes’ y el proceso

El pasado 23 de diciembre, Puigdemont logró una foto en la que sumaba a la alcaldesa de Barcelona y líder de Barcelona en Comú a la defensa de la convocatoria de un referéndum. Los comunes que representa Colau defienden el referéndum más allá de la independencia, pero por ahora han puesto condiciones: que sea pactado o, al menos, que se haya intentado pactar. Su suma permite que los partidarios de la consulta superen el poco menos del 50% que representa el secesionismo en las encuestas y en el Parlament, pero la clave está en cómo condicionarán el debate a partir de ahora.

¿Habrá referéndum?

El presidente Puigdemont asegura que se convocará “indefectiblemente” y que tendrá carácter vinculante. El Gobierno del Estado asegura que no lo permitirá. Hace pocas semanas surgía la primera disidencia pública en el seno del Partido Demócrata Catalán, cuando la presidenta del consejo nacional de la formación, Mercè Conesa, admitía en una entrevista en NacióDigital que quizá la consulta no se podría hacer. Puigdemont respondió con firmeza, consciente de que sus socios de Esquerra (y la CUP) no quieren dudas y a la vez conocedor de que su partido históricamente ha optado por el pragmatismo y el funambulismo. Mientras tanto, el Ejecutivo trabaja junto a la CUP en la ley de transitoriedad jurídica, básica para organizar la consulta, según el Gobierno catalán.

La marca Junts pel Sí

Si en septiembre hay referéndum, habrá elecciones en marzo de 2018. Y si no hay consulta, también habrá elecciones. A pesar de las ganas del Partido Demócrata de repetir la alianza de Junts pel Sí, ERC no quiere oír hablar de ello. Los republicanos se han convertido en el partido preferido entre los independentistas y una contienda electoral les permitiría demostrar que han superado, por mucho según las encuestas publicadas, al partido heredero de Convergència. Si es así, y salvo que otra fuerza superara de forma repentina a los independentistas, el próximo presidente de la Generalidad sería republicano. La cuestión es si con este liderazgo el independentismo seguiría unido.