La Comunidad rechaza el plan de La Peineta por “errores sustanciales” del Ayuntamiento

La Comunidad ha rechazado el expediente de cesión al Atlético de Madrid de los terrenos municipales donde se ubica el estadio La Peineta, futuro campo del club, elaborado por el Ayuntamiento de Manuela Carmena. El expediente se refiere al necesario cambio de la calificación de los terrenos del distrito de San Blas (de dotacional público a privado), paso previo necesario para que el club rojiblanco inaugure el estadio. Los técnicos del Gobierno regional han hallado “errores sustanciales” referidos a edificabilidad, conexiones y aprovechamientos, por lo que han devuelto el expediente al Consistorio. La inauguración del estadio en verano peligra. El Ayuntamiento ha declinado hacer declaraciones hasta ser informado oficialmente por la Comunidad.

La Comunidad de Madrid sostiene, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, que existen varios puntos del expediente municipal que es necesario subsanar y culpa al Ayuntamiento de los retrasos en su tramitación. En lugar de entregarlo en un plazo de cuatro meses, tal y como estaba previsto, el equipo de Manuela Carmena (Ahora Madrid) tardó más de 17: una circunstancia que podría forzar al Consistorio a indemnizar el club con 200 millones de euros, ya que estaba obligado, por un convenio con el Atlético de Madrid, a entregar todo el expediente de modificación puntual del plan general a tiempo (a mediados de 2016); de tal manera que la Comunidad lo tuviese acabado en marzo de 2017. Así, el club rojiblanco podría comenzar la temporada en el Wanda Metropolitano y derribar el viejo Vicente Calderón.

Sin embargo, la documentación del Consistorio entró en el registro de la Comunidad el 2 de diciembre, y los técnicos regionales necesitan, por lo menos, cuatro meses para completar su trabajo. Eso, si no hallan ningún error subsanable, cosa que ahora ha sucedido y que obliga a reiniciar el proceso.

La apertura de La Peineta, inicialmente prevista para el mes de agosto de 2017, precisa de dos hitos: que el Atlético de Madrid sea titular del campo (ahora es municipal), y que estén realizadas las obras de urbanización del entorno. Tras la decisión de la Comunidad de hoy, la cesión de los terrenos al club se demorará unos meses más, generando un efecto dominó sobre los siguientes procesos administrativos que impediría al Atlético empezar a jugar en su nuevo estadio el próximo verano, cuando se inicie la temporada de Liga.

El Consistorio deberá indemnizar el club con 200 millones de euros en caso de incumplir el convenio entre ambos

En concreto, la Comunidad dirigida por Cristina Cifuentes (PP) ha rechazado la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid tras detectar “errores sustanciales” en asuntos como la edificabilidad, el aprovechamiento y la cesión de redes públicas. El equipo de gobierno de Manuela Carmena habría calculado erróneamente esos valores (siempre a la baja), lo que obliga a la Administración regional a pedir que los corrija.

Esta circunstancia hace que el Ayuntamiento tenga que aprobar nuevamente en pleno la subsanación de estos errores —no es válida solo la firma del director general de Urbanismo— y que tenga que remitir el nuevo expediente a la Comunidad, momento a partir del cual el Gobierno regional volverá a contar los cuatro meses que tienen de plazo sus técnicos para resolver.

La cuestión de los plazos no es baladí, recuerdan desde la Administración regional, puesto que de su análisis depende la seguridad jurídica de la cesión de los terrenos. De todo este proceso bien realizado (recalificación de los terrenos de San Blas y derribo del Calderón) dependen las plusvalías necesarias para el cierre de la M-30 y la edificación de miles de pisos junto al Manzanares.

El Ayuntamiento ha tardado 17 meses en hacer la modificación en vez de los cuatro previstos

La Comunidad culpa a la falta de eficiencia del equipo de Carmena, y particularmente al Área de Desarrollo Urbano Sostenible, dirigida por el edil José Manuel Calvo, que tardó más de 17 meses en entregar la documentación. Si los terrenos no pasan formalmente de las manos del Consistorio a las del Atlético de Madrid, la alternativa sería que el Atlético se quedase en el Calderón o que aceptara una concesión temporal del estadio, pero no su propiedad.

Cuando llegó al gobierno de la capital Ahora Madrid, la confluencia de fuerzas que orbita alrededor de Podemos, manifestó su contrariedad ante la enajenación de suelo público a un club de futbol. Sin embargo, el Ayuntamiento alegó que al tratarse de una operación acordada por el anterior ejecutivo municipal la mantendría.

El informe del Gobierno regional insiste una y otra vez en que el Ayuntamiento ha tenido año y medio para aprobar la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana y ha esperado hasta finales de año para hacerlo, “poniendo en peligro los plazos a los que obliga el convenio” firmado por el propio Ayuntamiento con el club rojiblanco. Además, concluyen, estos plazos peligran todavía más debido a los errores que los responsables municipales han cometido en su elaboración.

El expediente de recalificación de los terrenos de La Peineta comenzó en noviembre de 2014. Salió a información pública dos meses después. En marzo de 2015, la Comunidad halló las primeras deficiencias. El Ayuntamiento lo retiró en mayo de ese año y lo reelaboró. El pleno municipal lo aprobó en noviembre de 2016, pero no fue hasta el pasado día 2 cuando lo presentó en la Comunidad para su evaluación. La respuesta ha sido rápida: no.