Normalizar, sin miedos, el castellano

Si en algo estamos todos de acuerdo es que el debate sobre la inmersión lingüística está cargado de propaganda. Hoy por hoy se ha convertido en una trinchera política infranqueable que hace imposible entablar un debate racional y sosegado, como ya expuso hace meses Ignacio Martín Blanco (Per un debat racional sobre la immersió, 9/09/2016). El último artículo de Rudolf Ortega sobre esta cuestión, publicado el pasado 17 de noviembre en Quadern, constituye un ejemplo más de esta dificultad para ponernos de acuerdo, ya no solo sobre lo que sus diversos defensores pretenden con este modelo, sino incluso sobre la definición de lo que es la inmersión lingüística. Ante las críticas contundentes que recibe, Ortega, en lugar de responder a cuestiones concretas, realiza una defensa siguiendo el principio de elevación universal: opta por negar que el modelo sea singular o excepcional y, con ello, restarle al mismo tiempo dramatismo. Se trata, la suya, de una curiosa interpretación que todavía no habíamos escuchado. La inmersión, nos dice, es el sistema lingüístico de enseñanza “más extendido en todo el mundo, con diferencia”. O sea, que no es un invento catalán copiado del Quebec, como hasta ahora creíamos todos, y sus defensores relataban con orgullo, sino la trasposición del modelo de escuela monolingüe que existe en la inmensa mayoría del planeta. En definitiva, sostiene Ortega, en todas partes se hace inmersión, ni más ni menos, eso sí, en la lengua dominante o hegemónica en cada sitio. Fin del problema. A quien no le guste que empiece por cuestionar lo que se hace en Francia o Burkina Faso, remata citando unos casos difícilmente comparables con nuestra realidad.

La falacia universalista es una burda manera de eludir las objeciones conceptuales, pedagógicas y sociales que se plantean al modelo de inmersión en Cataluña. Porque parece bastante lógico interrogarse sobre si la exclusión del castellano como lengua vehicular de la enseñanza no se da de bruces con el carácter estructuralmente bilingüe de la sociedad catalana. ¿No debería tener el castellano un mayor peso en la educación obligatoria por razones tanto pedagógicas como de reconocimiento social hacia la lengua materna de la mitad de los catalanes? Por otro lado, ¿qué sentido tiene la inmersión para los jóvenes de familias y entornos mayoritariamente catalanohablantes? y ¿acaso no supone también una discriminación para esas clases medias y populares que no pueden llevar a sus hijos a las elitistas escuelas trilingües? ¿Alguien puede creerse de verdad que los jóvenes catalanes que solo reciben dos horas semanales de castellano puedan tener el mismo dominio de la lengua de Cervantes que en el resto de España donde la escuela es solo en castellano, como se afirma tantas veces desde la Generalitat? Todavía más delicada es la sospecha de que la vehicularidad exclusiva del catalán esté incidiendo de forma negativa, junto a otros factores socioeconómicos, en el menor rendimiento escolar de un porcentaje significativo de alumnos de familias castellanohablantes, según se desprende de un informe de una institución tan poco sospechosa de antinacionalismo como la Fundació Jaume Bofill (Equitat educativa a Catalunya, 2009).

Estas y otras muchas cuestiones revelan que estamos ante un modelo cargado de ideología. Se pretende que el castellano acabe siendo considerado como una lengua impropia entre catalanes. Por eso se le priva de vehicularidad educativa y se limita su uso con la ciudadanía por parte de las Administraciones a situaciones excepcionales. Que no exista un conflicto lingüístico perceptible es debido principalmente a la proximidad de ambas lenguas. Los problemas de comunicación básica son escasísimos. Pero también porque los castellanohablantes por razones sociales, políticas y culturales no practican una actitud militante en relación a sus derechos lingüísticos.

Pese a la incomunicabilidad de las posiciones cuando el encendido debate no es pedagógico, creo que en realidad estamos en disposición de construir un nuevo consenso lingüístico. Primero, porque hace años que nadie defiende una doble línea escolar en catalán y castellano y, segundo, porque todo el mundo acepta —incluido el Tribunal Constitucional— que el catalán, en tanto que lengua con menos hablantes, debe seguir disfrutando de una posición central en la enseñanza. A partir de ahí, el resto cae por su propio peso. Se trata de eliminar la exclusión dogmática del castellano como lengua vehicular y aplicar porcentajes variables (con un mínimo del 25% de horas lectivas en castellano) en función de la composición sociolingüística del territorio y del proyecto educativo del centro. Afortunadamente, el uso social del catalán ha avanzado muchísimo en las últimas décadas, gracias sin duda al papel principalísimo de la enseñanza. La realidad es que el viejo discurso de la normalización lingüística parece superado. Hoy lo que toca es normalizar sin miedos el uso del castellano en la escuela y la administración para ser coherentes con los elogios unánimes que recibe el carácter bilingüe de la sociedad catalana.

Joaquim Coll es historiador.