El fiscal Horrach pide “impunidad” a quienes delaten la corrupción
El fiscal del caso Nóos apuesta por dar mayor protección a los delatores y equipararles a "denunciantes"
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha pedido hoy que se otorgue "impunidad a los delatores" para combatir la corrupción. El fiscal del caso Nóos ha defendido la necesidad de "convertir a un acusado en testigo" si sus revelaciones sirven para acusar a altos responsables políticos de prácticas corruptas. "Conseguir que emerja la verdad tiene un coste: favorecer y proteger la dilación. Hay que ser pragmáticos", ha manifestado esta tarde en una conferencia en el Colegio de Abogados de Barcelona.
En su intervención, el fiscal anticorrupción de Palma de Mallorca ha subrayado que se debe "reforzar a los delatores" para "asimilarlos a los denunciantes". El argumento es que, si un implicado declara como testigo, tiene mayor credibilidad ante los jueces, ya que está obligado por ley a decir la verdad. Si es coacusado, en cambio, el delator puede mentir (para defenderse) y su relato puede perder crédito.
El fiscal, que ejercerá de abogado una vez que se dicte sentencia sobre la causa que ha sentado en el banquillo de los acusados a la infanta Cristina, ha explicado que la delación es, a menudo, la única forma de llegar a la cima de la corrupción. "Solo puedo saber si un político ha manipulado un concurso si un funcionario me lo cuenta. Solo puedo saber si un político ha cobrado una comisión si el adjudicatario que le ha pagado me lo cuenta".
Horrach también se ha mostrado partidario de reforzar los pactos entre la acusación y las defensas como vía para luchar contra la corrupción al más alto nivel. "Prohibir esos pactos es otorgar impunidad a la corrupción", ha subrayado. Ha apostado, de hecho, por "oficializar" los pactos entre la Fiscalía y los acusados.
En la conferencia también han participado el director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Miguel Ángel Gimeno, y el eurodiputado de Iniciativa Ernest Urtasun, que ha presentado una propuesta para dar mayor protección a los "whistleblowers" o "alertadores" para combatir mejor la corrupción y evitar que sufran represalias.
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