Puigdemont culpa a Gas Natural de la muerte de una anciana en Reus

El consejero Jordi Baiget pidió un requerimiento a Gas Natural para saber si había cumplido el artículo 6 de la ley 24/2015, conocida como la de la pobreza energética, que impone a las empresas el deber de notificar a los servicios sociales de los Ayuntamientos si los afectados están en situación de exclusión social antes de aplicar el corte de suministro. Si confirma que esa petición no existió incoará un expediente sancionador y pondrá la información a disposición judicial.

Gas Natural lamentó el fallecimiento de la mujer y achacó el corte de luz a la poca agilidad comunicativa del gobierno municipal. La empresa asegura que dispone de un “canal exclusivo de gestión” con los servicios sociales de los ayuntamientos para tratar casos de especial vulnerabilidad. En Reus, dice la compañía, el acuerdo existe desde 2014 y se ha atendido a 150 clientes “vulnerables”. Según Gas Natural, en los listados sobre ciudadanos desvalidos entregados por el consistorio reusense no figuró, jamás, el nombre de la mujer fallecida.

El Ayuntamiento de Reus, por su parte, desmintió la existencia de un canal exclusivo de gestión con Gas Natural y anunció que la denunciará ante la Fiscalía. El alcalde, Carles Pellicer, y la edil de Servicios Sociales, Montserrat Vilella, sostuvieron que la empresa cortó la luz sin adecuarse a la ley. De haberlo sabido, adujeron, el Ayuntamiento podría haber estudiado el caso y auxiliar a la mujer. Los Servicios Sociales del Consistorio asistían a la anciana desde 2013. Y el Ayuntamiento ya había asumido el suministro del agua, del que no podía hacerse cargo, y que presta la empresa municipal Aigües de Reus. Los servicios sociales eran conocedores de la necesitada situación económica de una familia que han calificado como “desestructurada”.

El Ayuntamiento tardó más de 30 horas en dar una versión oficial de la muerte de la mujer y los detalles que rodean al caso se llenaron de dudas y especulaciones. En las horas posteriores al suceso el equipo de gobierno incluso negó que la vivienda tuviera la luz cortada. Del mismo modo, la situación en que vivía la víctima no se aclaró de manera oficial hasta la comparecencia, ayer al mediodía, del consejero Baiget.

El titular de Empresa aclaró que la anciana compartía techo con su nieta y, a veces, con la pareja sentimental de ésta y su hija. Según su versión, los protocolos de actuación de la ley funcionan pese a que la ley aún no cuente con un reglamento. Según sus datos, la Generalitat ha recibido ahora 195 denuncias de las cuales 115 han derivado en incoación de expedientes y 18 de ellos en sanción. La Generalitat ha firmado 20 convenios con empresas suministradoras de agua pero no ha logrado suscribir ninguno con los de gas y luz. Baiget avisó que si no pueden llegar a acuerdos, se plantearán cambiar la ley.

La CUP pide una querella

La CUP pidió a la Generalitat directamente que presente una querella criminal contra Gas Natural. Albano Dante Fachín, líder de Podem, pidió a Baiget que aclare qué piensa hacer a partir de ahora porque otro caso como el de la vecina de Reus puede pasar en cualquier momento. “Esto no se soluciona solo con un requerimiento”, dijo recalcando que esta parte de la norma, contra lo dicho por sectores independentistas, no está suspendida por el Tribunal Constitucional. Rosa falleció cuando una de las velas que tenía sobre la mesilla de noche se tumbó y encendió las sábanas de la cama, cuando dormía. Las llamas corrieron sobre los tejidos hasta apoderarse, también, del colchón. Probó de salir de la cama para intentar escapar del fuego pero, ahogada y cegada por el humo que había llenado la habitación, tropezó y cayó. Cuando los bomberos y los servicios de emergencias médicas llegaron al piso, la encontraron tendida en el suelo e inconsciente.