Demandas salariales enfrentan a la policía local con el gobierno de Pontevedra

Las relaciones enquistadas entre el Ayuntamiento de Pontevedra y los representantes sindicales de la plantilla de la Policía Local por las demandas salariales que, desde hace casi una década, viene reclamando este colectivo se han convertido en uno de los conflictos laborales más espinosos para el equipo de gobierno que preside el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores.

La falta de diálogo para negociar una solución económica a las exigencias de equiparación salarial de los agentes con el resto de la plantilla municipal está generando un creciente malestar entre los funcionarios uniformados y los sindicatos ya han amenazado con endurecer las protestas que iniciaron desde 2007.

Antes de las elecciones de 1999, el gobierno local del PP hizo la última revisión de la tabla de valoración de los puestos de trabajo y salarios que todavía sigue en vigor en el Ayuntamiento. La plantilla policial reclama a Fernández Lores que las retribuciones que se fijaron entonces se equiparen con el resto de trabajadores municipales del grupo C1.

Según Antonio Millares, representante de CC OO, sindicato mayoritario, la plantilla del Cuerpo de Policía Local que integran 111 funcionarios lleva todos estos años con el sueldo congelado e incluso reducido. Millares reprocha al equipo de Fernández Lores “la falta de talante negociador, que sorprende todavía más por ser un gobierno de izquierdas".

El sindicalista y policía apunta que en 2007 cambiaron de grupo de funcionarios a través de una ley autonómica, pero añade que, en Pontevedra, el cambio solo afectó al sueldo mínimo y a la antigüedad, pero no al resto de suplementos salariales. Millares lamenta que el concejal encargado de personal, Vicente García Legísima, no se siente a negociar, “siendo, además, un exsindicalista”.

El cálculo económico que maneja el equipo de Gobierno para responder a las demandas salariales de la Policía Local alcanza los 600.000 euros anuales, aunque los sindicatos no han hablado de cifras y solo estiman que supondría un suplemento mensual de 200 euros para el que menos cobra.

El conflicto salarial que enfrenta a políticos y policías se tensionó todavía más cuando la junta de gobierno local decidió contratar como asistencia técnica a una empresa externa por 29.000 euros para acometer la revisión de la relación de puestos de trabajo. Una decisión que los sindicatos creen que no servirá para resolver su problema sino para alargarlo en el tiempo. “Vemos que diga lo que diga este estudio llegaremos igual que estamos a las elecciones municipales de 2019, porque no habrá tiempo material para enmendar nada”, subraya Miralles.

El delegado sindical explicó que esperarán a que se reúna este viernes la mesa general de negociación para abordar los próximos presupuestos municipales a la que asistirán los representantes sindicales. Miralles espera que se traten las reivindicaciones salariales de la Policía Local y dependiendo del resultado decidirán nuevas medidas de protesta en una asamblea que está previsto que se celebre a mediados de noviembre.

“Estamos abiertos a negociar pero no podemos admitir una callada por respuesta y es necesario dar un paso hacia delante con una serie de medidas porque el Gobierno local tiene que saber que esto no es una broma”, añadió Antonio Miralles.

El concejal de Régimen Interior y Personal, Vicente García Legísima, advirtió que "con medidas de presión no van a negociar nada, y menos cuando estas protestas no tienen razón de ser y no están justificadas", dijo en declaraciones a Europa Press.

El concejal nacionalista añadió que respeta el derecho de los agentes a movilizarse, “acciones que no son agradables", dijo, “y aunque entiendo que sean legítimas no las comparto”. Subrayó que las actuales condiciones laborales fueron pactadas entre ambas partes y considera que ” los acuerdos están para cumplirlos".