El juez denegó 13 veces la salida del violador de una mujer en Igualada

La agresión sexual cometida por el preso Tomás Pardo Caro mientras disfrutaba de un permiso de tres días ha puesto al descubierto las debilidades y contradicciones del sistema penitenciario. Desde 2013, la junta de tratamiento de Brians 1 avaló que se permitieran breves salidas de prisión a Pardo porque había “avanzado mucho con una actitud empática hacia las víctimas”. A partir de 2015, y al amparo de esos informes, el Departamento de Justicia le concedió un total de 18 permisos. El juzgado de vigilancia penitenciaria, por su parte, le había denegado permisos de mayor duración (tres días) hasta 13 veces y pese a la existencia de esos mismos informes. La Audiencia de Barcelona obligó finalmente a concedérselos.

El pasado sábado, Pardo disfrutaba de uno de sus primeros permisos de tres días concedidos por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2. El juez había sido insistente en su negativa por la “gravedad” de los hechos: “Resulta necesario ser cauteloso”, reza uno de los autos. Pero el preso recurrió ante la Audiencia de Barcelona, que en febrero le dio por primera vez la razón y permitió que disfrutara de salidas. “Nada es infalible y más cuando se trata de comportamientos humanos”, admitía la resolución.

A primera hora del sábado, Pardo fue a Igualada (Anoia) y secuestró a una mujer de 52 años en la puerta de casa. La llevó en coche hasta una urbanización de Castellbisbal. La violó, sacó una navaja y le clavó seis puñaladas en el cuello. Después la abandonó, herida y semienterrada. También se llevó su cartera.

La mujer pudo llamar a emergencias y los Mossos activaron un despliegue para localizar al agresor. Pardo fue detenido el domingo. Había entregado una de las tarjetas de crédito de la mujer a su sobrino, que sacó 400 y 600 euros de un cajero. Ésa fue la pista que condujo hasta él. Ayer, el Juzgado de Instrucción número 6 de Rubí decretó el ingreso en prisión provisional sin fianza para Pardo por los delitos de detención ilegal, agresión sexual, asesinato en grado de tentativa, robo con violencia e intimidación, lesiones y estafa. El violador reincidente se acogió a su derecho a no declarar.

Informes favorables

En 2002, Tomás Pardo cometió hechos muy similares: secuestró, golpeó, violó, robó y apuñaló en la yugular a una mujer. Cuatro años más tarde, fue condenado por ello a 20 años de prisión. Su puesta en libertad definitiva estaba prevista para 2022.

La junta de tratamiento de la cárcel de Brians 1 “lleva informando favorablemente a la concesión de permisos” a Pardo desde 2013, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Además de su “empatía”, los informes de la junta de la cárcel subrayan que Pardo está “corrigiendo su impulsividad” y que las “salidas programadas y permisos de horas” disfrutados hasta entonces han tenido una “valoración muy positiva”. La junta concluyó que la violación de 2002 podía considerarse “un episodio puntual” y que el preso había “interiorizado” sus delitos y dejado de consumir drogas. “Es consciente del mal que causó a las víctimas”.

Pardo cumplía todos los requisitos previstos por la ley para disfrutar de permisos: había cumplido más de una cuarta parte de la pena, mantenía una buena conducta y se había sometido al programa específico para agresores sexuales, entre otros.

Amparándose en esos informes, Justicia concedió 18 permisos de menos de 48 horas (que no requieren de autorización judicial). El consejero de Justicia, Carles Mundó, anunció ayer que “se revisará desde el primer papel hasta el último” y no descartó depurar responsabilidades.