La pugna sin tregua en el Hospital Provincial de Castellón

La guerra de competencias por la compra de un nuevo acelerador lineal para el tratamiento de enfermos de cáncer del Hospital Provincial de Castellón. El endeudamiento del centro. Los 25 millones de euros en presuntas facturas irregulares del hospital comunicadas por la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública a la fiscalía. El proceso para ensamblar el hospital en la red autonómica pública o el debate sobre la disolución o no del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón (CHPC), del que la diputación castellonense y la consejería forman parte al 50%, completan un listado de desencuentros entre ambas administraciones que parece no tener fin. Así lo evidencia el último choque de trenes que ha provocado el plan de reordenación de recursos humanos del centro hospitalario, aprobado esta semana a propuesta del Consell.

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El ajuste de la plantilla supone el cese de 17 puestos de trabajo y la regularización de 109 contratos temporales e irregulares. La decisión complica la ya tensa relación entre la consejería y la diputación y evidencia que los planes de futuro para el centro hospitalario que las dos administraciones custodian a partes iguales son, más que nunca, antagónicos. Lo que para la consejería es una reordenación laboral que forma parte de un plan para salvar de la “quiebra técnica” al hospital, mejorar la asistencia sanitaria y una apuesta por crear “empleo legal, estable y con garantías”. Para la diputación son “despidos” y estos la “excusa” para un “desmantelamiento en toda regla” de un centro “con servicios punteros como los de oncología o salud mental”, han expresado a EL PAÍS desde la corporación provincial.

El pasado martes, el voto de calidad de la consejera y presidenta del Consejo de Gobierno del CHPC, la socialista Carmen Montón, permitió dar luz verde, con el rechazo frontal de la diputación dirigida por Javier Moliner (PP), a la modificación de la plantilla laboral para dar solución a los “124 puestos de trabajo en fraude de ley que arrastra desde hace años el hospital, es decir, de personas contratadas sin justificación, o sin pasar un proceso de selección o una oposición”, explican a EL PAÍS fuentes de la consejería. Una situación que se arrastra desde hace años y que en 2014 el Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana urgió solventar.

“No se hizo nunca. El 9 de noviembre vencen esos contratos y por eso la administración pidió un informe a la Universitat Jaume I de Castellón (UJI) para detallar los puestos necesarios y suprimir los fraudulentos que no se pueden prorrogar”, señalan las mismas fuentes. De los 124 empleos irregulares, 109 se han transformado en puestos de trabajo estructurales, “que se cubrirán con la correspondiente oferta de empleo público”. Además, se amortizan 23 plazas vacías y 17 de los 124 contratos no se renovarán “porque no tienen sentido asistencial”.

La reunión del pasado martes transcurrió mientras varios trabajadores del centro y representantes sindicales protestaban en el exterior del edificio por lo que, en opinión de Comisiones Obreras, es un plan “demoledor y de destrucción del empleo” ejecutado sin negociación y basado en las recomendaciones de un informe “fantasma”. Unas quejas que desde Sanidad cuestionan “porque lo que se ha hecho es regularizar una situación que se tenía que haber hecho hace dos años, un problema heredado que crearon ellos y que no solucionaron aunque se les dijo cómo hacerlo”.

Desde la diputación insisten: “No estamos en guerra contra la Generalitat Valenciana porque no le estamos atacando en nada. El otro puede estar ardiendo, pero si no hay ataque, no hay guerra”. “Estamos abiertos al diálogo, pero es la consejería la que ha cortado la comunicación”, añaden en alusión también al citado informe de la UJI que, según diputación, no ha sido facilitado por Sanidad, “igual que no tenemos las facturas que dicen que son irregulares y no tenemos información de nada”, denuncian desde el organismo liderado por Moliner. No obstante, el mencionado plan de ordenación de recursos humanos para el consorcio –en concreto un extracto del mismo de siete páginas- fue colgado un día después del encuentro en la web de la Generalitat.

En él se recoge la relación de los 17 contratos temporales cesados y la justificación que aportan los dos catedráticos que suscriben el trabajo, con un coste de 16.900 euros, según ha confirmado Sanidad, “y que en ningún momento deberá interpretarse como postura oficial de la Universitat Jaume I”. La propia UJI se ha desvinculado de la propuesta, cuyo carácter, recuerda, “no es vinculante”. “Es un informe técnico realizado por dos profesores que (…) no representa de ningún modo la postura oficial de la institución, ya que para ello debería haber sido ratificado por algún órgano de Gobierno de la Universidad”, ha añadido el rector, Vicent Climent.

Al último de los episodios discordantes entre ambas administraciones, el motivado por los ajustes en la plantilla, le han precedido otros que han puesto al Hospital Provincial en el eje mediático. Entre ellos, el derivado de la decisión de Sanidad de trasladar a la Fiscalía Anticorrupción 4.713 facturas presuntamente irregulares del centro hospitalario por importe de 25 millones de euros emitidas por PIAF, investigada en la trama Gürtel, y Telecso durante la etapa de Carlos Fabra y Javier Moliner al frente de la Diputación castellonense, y con el PP liderando también el gobierno valenciano. Anticorrupción remitió hace escasas semanas el expediente a la Fiscalía Provincial de Castellón, que ha abierto diligencias de investigación penal para determinar si los hechos son constitutivos de delito.

Este caso abrió de nuevo el pasado junio la caja de los truenos. La diputación asegura que lo de las facturas “es un paso más dentro de un intento de desprestigiar para desmantelar” y llegó a presentar una querella ante la Fiscalía –finalmente archivada- contra Carmen Montón por un presunto delito de denuncia falsa tras las denuncias realizadas en relación con la gestión del hospital durante los años de mayorías absolutas del PP.

Las diferencias se plasman también en el reciente Proyecto Integral para el Hospital Provincial presentado por Sanidad y que contempla entre sus principales líneas la asunción de los 30,1 millones de deuda del centro por el Consell para “garantizar su viabilidad financiera y su futuro” e invertir 19,6 millones de euros hasta 2019 para blindar su “calidad asistencial”. Para la diputación, este proyecto “no es un plan de futuro”, y recuerda que la deuda del Provincial “es la deuda de la Generalitat, porque el hospital es público y las competencias y la financiación corresponden al Gobierno valenciano. Si debe 30 millones es porque no ha puesto esos 30 millones”.

La Generalitat sigue incidiendo en que la deuda es fruto de la gestión aplicada por sus predecesores en el Gobierno valenciano y deja claro que la Diputación de Castellón “es un socio que no da un valor añadido a la mejora asistencial del Provincial, porque su presupuesto asistencial es cero”. Un presupuesto que desde el organismo que dirige Moliner cifran en 24,3 millones de euros para 2016, “de los que ya hemos ingresado 21,2; somos el banco bueno del hospital”. Sanidad lo rebate: “El dinero que la diputación paga es del Ministerio de Administraciones Públicas, simplemente hace de correa de transmisión, no aporta fondos propios”.

“La Diputación está haciendo un discurso de confusión”, critican desde el departamento de Montón. Para la Diputación, la Generalitat lo hace de “desprestigio” para “desmantelar el Provincial, intentar disolver el consorcio y dejar el hospital como un ente residual en la provincia”. La batalla entre ambas administraciones, que sí parecen coincidir en que lo prioritario es blindar la asistencia de calidad a los pacientes en un centro que ambas tutelan, suma y sigue.