Blasco explica su turbia gestión de las residencias desde el “chabolo”

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Rafael Blasco lleva un año y cuatro meses en prisión por malversar fondos de la ayuda al desarrollo. En ese tiempo el exconsejero de la Generalitat valenciana ha adoptado algunos términos de la jerga carcelaria. Como "chabolo" —por celda—, una palabra que ha utilizado este lunes durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre las residencias de la Comunidad Valenciana del Parlamento autonómico.

Más delgado que cuando entró en el centro penitenciario de Picassent, tranquilo y con su oratoria habitual, Blasco, ha autoalabado su actitud como interno. "Tengo un comportamiento modélico, he recibido varias notas meritorias y no se me ha abierto ningún parte".

Blasco ha defendido su gestión en su etapa como consejero de Bienestar Social (de 2001 a 2003), pese a los extraños giros que esta tuvo, y que han sido subrayados por los representantes de todos los partidos de la Cámara salvo el PP.

La diputada socialista Concha Andrés ha mantenido que el modelo de residencias diseñado por Blasco persiguió "beneficiar a ciertas empresas", todas ellas de la construcción, y ha apuntado al manejo de información privilegiada por parte de las adjudicatarias.

Blasco diseñó un modelo de residencias público-privado para crear 9.000 nuevas plazas. El sistema establecía que la Generalitat debía pagar un tercio de las plazas de cada residencia. A los tres meses de ponerse en marcha, el entonces consejero firmó un informe que ampliaba la proporción de plazas que serían concertadas, que acabó siendo el 100%, ha recalcado Andrés. El precio que las adjudicatarias cobraban por cada interno a la Administración aumentó, además, más de un 10%.

"¿Si otras empresas hubieran sabido que a los tres meses de celebrarse el concurso usted iba a cambiar completamente las condiciones, no cree que se hubieran presentado más?", ha preguntado Andrés. La diputada ha destacado que las adjudicaciones fueron copadas por constructoras, en detrimento de las empresas con experiencia en el sector.

Blasco ha respondido que el concurso fue transparente y los cambios en la normativa se ajustaron a la ley. Y que se presentaron las empresas que en aquel momento tenían "capacidad" para afrontar un negocio de gran envergadura. La memoria económica de la ley contempló una inversión inicial de la Generalitat de 500 millones de euros.

El portavoz de Ciudadanos, David de Miguel, ha señalado que no se cumplió "ninguno de los plazos" que las adjudicatarias debían cumplir, y que ello no implicó ninguna penalización.

Mònica Àlvaro, de Compromís, ha destacado los cambios que experimentó el mapa de nuevas residencias, de los que se benefició entre otras Sedesa, la empresa de la familia del exvicepresidente de la Generalitat Juan Cotino.

Y César Jiménez, de Podemos, ha pedido saber con quién se reunió Blasco antes de aprobar el concurso. El exconsejero ha dicho que tuvo conversaciones con todos los actores vinculados a a las residencias, en lo que ha descrito como un ejemplo de "participación".