Barcelona deja en manos de la Generalitat el futuro del hotel de Drassanes

De nuevo el gobierno de la alcaldesa Ada Colau se aferra a la legislación, esta vez en materia de Patrimonio Cultural, para intentar frenar una iniciativa privada que rechaza: el hotel de la cadena Praktik en el sur del Raval. La comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha pedido al Área de Patrimonio de la Generalitat que amplíe la protección de las Drassanes y la muralla medieval a todo su entorno. La solicitud comporta, en cuanto la Generalitat incoe el expediente, la suspensión de licencias en el entorno de las antiguas atarazanas durante 18 meses. Y deja en manos de la Generalitat decidir si finalmente se podrá hacer o no el hotel, de 200 habitaciones en dos edificios. La empresa calificó ayer de "una maniobra más" del Ayuntamiento para evitar la construcción del hotel la solicitud de ampliación de la protección patrimonial.

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El argumento de la protección patrimonial busca paralizar la construcción del hotel que se tiene que edificar en el solar que forman el paseo de Santa Madrona y las calles de Peracamps y Cid. Las Drassanes son Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) de nivel A, el máximo grado de protección, y proteger su entorno comporta "definir qué actividades son compatibles a su entorno", explicó la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz. Fuentes del departamento de Cultura explican que no han recibido la petición formal de la comisión de Gobierno, pero que el consejero Santi Vila y Sanz tienen previsto reunirse en los próximos días para hablar de la cuestión.

El establecimiento, cuyo proyecto inicialmente firmaba Carlos Ferrater, había esquivado la moratoria hotelera dictada el julio del 2015 porque tenía certificado de aprovechamiento urbanístico. La familia Trenor, propiedad de la cadena hotelera que tiene otros cuatro establecimientos en el Eixample y compró el terreno un año antes de la llegada al poder del actual ejecutivo municipal, gastó 22 millones y pretendía invertir otros 23, según publicó Expansión.

La firma rompió ayer su habitual silencio y en un duro comunicado criticó lo que califica de "una maniobra más" del consistorio para frenar su proyecto. En un comunicado, Praktik recuerda que pese a tener el certificado de aprovechamiento, el consistorio ha requerido ajustes en el proyecto "que no tienen respaldo normativo", y que en un "intento de acomodarse" la empresa ha atendido a algunos de sus requerimientos para "agilizar" una tramitación que dura ya 16 meses. Praktik mantiene además que la catalogación del entorno del edificio medieval "no es legalmente exigible".

El proyecto es polémico por su volumetría, hasta nueve plantas, que el distrito de Ciutat Vella, encabezado por Gala Pin, estaba negociando reducir. Y porque, cómo ha recordado una plataforma vecinal del Raval Sud y Drassanes, en origen tenía que ser vivienda pública. Pero varias compraventas del solar y modificaciones del planeamiento lo redujeron de un 100% a un 25% y finalmente a cero. “No estamos en contra de nadie sino a favor de los vecinos y de frenar su expulsión, los barrios no se hacen con hoteles, se hacen con vecinos”, declaró Mario Aguiló, de la plataforma vecinal.

Este proyecto también ha sido polémico dentro del mismo gobierno municipal. Este mes de octubre, el regidor de Arquitectura, Daniel Mòdol (PSC), y la regidora de Ciutat Vella mantuvieron un rifirrafe a Twitter sobre el proyecto. El regidor socialista se mostró "absolutamente a favor del proyecto" y dijo que no se podía parar, mientras Pin lo cuestionaba e insistía en que se estaba revisando. Mòdol subrayaba en sus mensajes el hecho de que la propiedad del hotel anunciara medidas sociales para el entorno, como contratar personal del barrio, y a pesar de que reconocía que el caso es "de especulación aberrante" entendía que no es cuestionable desde el punto de vista legal. Ayer, fuentes socialistas aseguraron que la decisión de solicitar la ampliación de la protección patrimonial se ha tomado de forma consensuada en el ejecutivo de Colau.

El expediente que deberá abrir el área de Patrimonio del Departamento de Cultura de la Generalitat tendrá que incluir informes históricos, arquitectónicos, arqueológicos y artísticos, además de documentación gráfica y un estudio sobre el estado de conservación del entorno. También deberá contener informes del Consejo Asesor del Patrimonio Cultural de Cataluña y del Institut d’Estudis Catalans o bien la institución que se determine. Técnicamente, la apertura del expediente supone la suspensión de la tramitación de las licencias municipales de parcelación, edificación o derribo, además de la suspensión de los efectos de las licencias ya concedidas.

Transcurridos 18 meses como máximo, la Generalitat declarará el entorno de Drassanes como bien cultural de interés nacional. Y cuatro meses después, debería emitir un informe vinculante sobre las licencias suspendidas por la incoación del expediente. Sería entonces cuando las dos administraciones, Generalitat y Ayuntamiento, valorarían todos los proyectos y licencias en trámite para ver si continúan, hay que modificarlos o no se pueden desarrollar.