Dos tercios de los servicios sociales recurren al fondo de pobreza energética

Un total de 31 municipios de más de 20.000 habitantes, 29 consejos comarcales y tres entidades mixtas se han acogido al plan de la Generalitat para amortizar la deuda correspondiente a 2015 de los pobres energéticos con las empresas suministradoras. El Ejecutivo catalán da uso así a los 3,8 millones de euros que no había gastado del fondo que creó para sufragar las facturas impagas. En resumen, ha participado un 65% de las unidades de servicios sociales que podían optar a la ayuda.

El programa surgió de un acuerdo firmado en julio pasado entre la Generalitat, la Federación de Municipios de Cataluña y la Asociación Catalana de Municipios. La fecha límite para que las entidades municipalistas se adhirieran venció el pasado 15 de octubre pero la poca respuesta de los municipios llevó a que el Departamento de Empresa planteara alargar el plazo un mes más. La prórroga finalmente no fue necesaria pues a última hora llegó un alud de peticiones, según confirmó ayer un portavoz de Empresa.

Los recursos provienen de lo que la Generalitat no gastó bajo su esquema anterior de ayuda contra la pobreza energética. Esta fórmula fijaba que las empresas suministradoras pasaran al departamento de Empresa las facturas acumuladas de aquellas familias que tenían un informe de los servicios sociales básicos certificando su vulnerabilidad y con el que impedían el corte. Solo se gastaron 1,1 millones de euros de la partida disponible, de cinco millones (el 22%).

Para evitar repetir este fracaso, el Ejecutivo catalán decidió derivar a los municipios la gestión del fondo. Los servicios sociales básicos están divididos en 108 unidades que abarcan todo el territorio catalán. De éstas, 71 decidieron acogerse al acuerdo. Los municipios de más de 20.000 habitantes tienen su estructura propia pero en los de menor población se suele vehicular a través de los consejos comarcales. En el programa han participado el 70% de estas entidades, así como el Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona o municipios como El Prat de Llobregat o Montcada, explicaron ayer fuentes cercanas al programa.

Mediante este acuerdo las entidades muncipalistas podrán recuperar las partidas propias que ya habían destinado a pagar facturas o para pagar recibos aún sin cancelar. El importe máximo para cada ente era de 300.000 euros, si bien Empresa aún no ha decidido cuánto dinero dará a cada ayuntamiento o consejo comarcal. La Generalitat jamás ha especificado a cuánto asciende la deuda con las empresas, especialmente las eléctricas, ni cuántas facturas tiene aun pendientes por cancelar.

Con esta ayuda, dijo en su día la consejera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, se esperaba poner “el contador a cero” con las suministradoras. En julio, el consejero de Empresa, Jordi Baiget, explicó que se habia impedido el corte a 33.000 familias entre 2015 y 2016. La ley contra los desahucios y la pobreza energética plantea que se llegue a convenios con las empresas para que den ayudas a fondo perdido. Esos convenios, sin embargo, son solo voluntarios y no obligan a las suministradoras a dar más dinero del que ya aportan en programas como el bono social. La Generalitat anunció la semana pasada que dará cinco millones adicionales para que los municipios atiendan los casos de pobreza energética de este verano, a través de las ayudas de urgencia de los servicios sociales básicos.