El crimen organizado se vuelca en la marihuana

El crimen organizado ha puesto sus ojos en la marihuana. Aquellos que hasta el momento centraban sus esfuerzos en traficar con cocaína y heroína, aprovechan sus infraestructuras para vender, distribuir y exportar esta planta. “Comienza a ser un negocio seductor, tanto por la rentabilidad económica como por la penal, con penas bajas”, explica el intendente de los Mossos d’Esquadra Xavier Porcuna. La policía catalana ha detectado en el último año “estructuras delictivas más desarrolladas, una venta que se hace pensando en el mercado europeo”. En los primeros ocho meses de 2016, los Mossos han intervenido 8,38 toneladas de marihuana, lo que supone un incremento del 50% en relación a 2015 (5,5 toneladas).

Buena parte de las organizaciones que se dedican a exportar marihuana de Cataluña a Europa, sobretodo Francia e Italia, son de Europa del Este, según fuentes policiales. Ellos tienen el dinero y la infraestructura para mover la droga, que compran a cultivadores locales, la inmensa mayoría españoles, que suelen tener pequeñas plantaciones, salpicadas por todo el territorio. Entre abril y septiembre, la Guardia Civil y los Mossos detuvieron a 52 personas de una organización liderada por lituanos acusados de surtir a Europa de marihuana y armas.

Girona juega un papel clave en el entramado por su localización, en la frontera con Francia. El mayor número de detenciones (192 de los 698 detenidos en 2016) y de localización de plantaciones (40 de las 128) han sido en la provincia. Habitualmente, los cultivadores llevan la mercancía hasta la frontera. Allí se guarda en pisos o almacenes hasta que alguien de la organización la recoge, y cruza la frontera, asumiendo el riesgo de ser detectado en Francia, donde las penas por el tráfico de marihuana son mucho más severas, según esas mismas fuentes. En otras ocasiones, la droga cruza escondida en camiones de mercancías, o cualquier coche que copia el modelo go fast, popularizado por los traficantes de hachís: conducir sin parar hasta la frontera a gran velocidad.

En los últimos años, Cataluña, y el resto del Estado, se ha convertido en el vivero de marihuana de Europa. Algunas fuentes lo atribuyen a cierta tradición en el cultivo de la planta. Otras, al precio de la droga: un gramo en España cuesta 5,52 euros mientras que la media europea esta en los 11,85 euros, según los informes anuales de la ONU sobre drogas que maneja la policía catalana. En algunos países, el gramo puede alcanzar los 23 euros.

Los Mossos, sin embargo, no han detectado peleas entre organizaciones criminales por el control de la marihuana, aunque sí hay más violencia a pequeña escala. “Los robos violentos y las agresiones están al alza”, cuenta el intendente Porcuna, que lo atribuye a discusiones por el precio, a peleas entre cultivador, traficante y comprador… “Una miscelánea”, resume. En Girona en los últimos tres años, cinco personas han muerto en disputas por el cultivo de la droga; en septiembre, dos hombres se mataron a cuchilladas por una plantación casera en Santa Coloma de Gramenet; en Masquefa, la policía investiga el asesinato de una mujer de 37 años relacionado posiblemente con el cultivo de marihuana.

Fuentes de distintos cuerpos policiales coinciden en que la violencia se debe en parte a que delincuentes que hasta ahora se dedicaban a atracos, a robos violentos o a tirones, ven en la marihuana una salida fácil, poco castigada y que además no se denuncia (un cultivador de marihuana no irá a la policía si le roban). De nuevo en Girona, el tráfico de marihuana acabó con un tiroteo en el barrio de Sant Joan de Figueres en abril. Varios ciudadanos franceses se enfrentaron a tiros con gitanos por una partida de marihuana que no estaba claro quién debía pagar, según otras fuentes. Milagrosamente, nadie resultó herido, pero el incidente requirió un fuerte despliegue policial durante varios días.

Otra de las claves del auge de la marihuana es que no se depende de terceros. Así como con la cocaína y la heroína el proveedor está fuera, es un mercado cerrado y franquiciado, donde es complicadísimo hacerse hueco, la marihuana la puede cultivar cualquiera y comprando legalmente las semillas, fertilizantes, una toma de luz, una lámpara de sodio, extractores, un sistema de humidificación, un regadío… “No es complejo de conseguir”, constata Porcuna, que señala además que ya no hay una estacionalidad: la marihuana se cultiva todo el año.

Y se hace en cualquier sitio: desde un sótano escondido con 1.000 plantas, al que se accede por una escalera secreta dentro de un armario, como ocurrió en una operación en Canyelles, hasta una plantación oculta en medio de un bosque que hay que desbrozar para dar con ella. Muchas veces, el olor es el principal chivato de los traficantes; otras, es el helicóptero de los Mossos, que detecta la plantación, escondida entre otros tipos de cultivo. Así pasó en Rasquera, donde los agentes investigan al exalcalde Bernat Pellisa por un campo con 200 plantas. Cuando era alcalde, Pellisa propuso crear una gran plantación legal para abastecer a los clubes cannábicos.

Otro indicar claro es el consumo desorbitado de luz. Solo en Girona, Endesa ha cortado el suministro a más de medio centenar de pisos con tomas ilegales, algunos de ellos en el barrio de la Font de la Pólvora. Otras veces, la policía descubre a posterior la plantación, cuando interviene por ejemplo en un incendio. “Luego resulta que ha sido un calefactor o una lámpara que ha hecho un mal contacto”, resume Porcuna. El 7 de octubre, dos hombres hicieron saltar por los aires un piso en Hospitalet de Llobregat cuando intentaban transformar marihuana en resina de hachís, un proceso peligroso por la volatilidad de las sustancias inflamables. Uno de ellos resultó herido de gravedad.

La solución a ese “intenso” incremento del cultivo y del tráfico de marihuana, en palabras del intendente de los Mossos, es complicada. La explicación fundamental para la policía es que penalmente, como la marihuana está considerada una droga que no perjudica gravemente la salud, tiene un castigo casi simbólico para los traficantes. Es de uno a tres años de prisión, pero si las partes pactan y se conforman, acaba quedando en meses, se quejan fuentes policiales. Quizá elevar las penas, sugieren, cambiaría el panorama. La otra opción contraría sería la de la legalización. “Es algo que no me corresponde a mi valorar”, zanja Porcuna.

Con información de Marc Rovira y Marta Rodríguez