Colau cobrará la zona azul en función de lo que contaminen los coches

Grandes propietarios, vehículos contaminantes y autocares de turistas. Son los colectivos sobre los que el proyecto de ordenanzas fiscales del gobierno de Ada Colau se ha fijado para subir impuestos. El proyecto prevé un sistema variable de tarifas de aparcamiento en superficie en función de las emisiones y tamaño de los coches y de si hay un episodio de contaminación. El equipo de Colau crea una nueva tasa para los autocares que aparcan en Montjuïc y sube la tarifa de los aparcamientos de Sagrada Familia y el Park Güell. Las ordenanzas prevén mantener la congelación del IBI salvo a los grandes propietarios.

El concejal de Presidencia, Eloi Badia, y el gerente de Economía, Jordi Ayala, presentaron el proyecto, que afronta ahora “un circuito muy largo, de casi dos meses” para lograr los apoyos políticos necesarios, precisó Ayala. El gerente subrayó en diversas ocasiones la necesidad de llegar a un acuerdo con los otros grupos, dando por sentado que se abre ahora un periodo de negociación que, probablemente, será a la baja.

Badia habló de “fiscalidad ambiental” e indicó que las nuevas tarifas de la zona azul son un “peaje de llegada”. “Si ciudades como Estocolmo o Londres tienen peajes de entrada para vehículos contaminantes, nosotros lo implantamos de llegada”, dijo sobre una medida que contempla que los vehículos que más contaminan y emiten mayores emisiones pagarán más en la zona azul y en la verde cuando no sean residentes en esa área. En cambio, los vehículos que no generen emisiones tendrán una bonificación del 100%.

“Se trata de ser referentes y cumplir con el Plan de Movilidad Urbana”, insistió sobre unas tarifas que pueden llegar a costar casi seis euros a la hora: lo que pagaría un coche grande y contaminante en un día considerado como episodio de contaminación. De media, en los últimos años la Generalitat ha decretado tres episodios al año.

Para poder cobrar estas nuevas tarifas variables, el Ayuntamiento reemplazará los parquímetros, lo que costará 18 millones de euros. Los antiguos han llegado al final de su vida útil. En los nuevos se introducirá la matrícula del coche y estarán conectados con la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Así se sabrá el tamaño del vehículo, la antigüedad y el nivel de emisiones.

La portavoz municipal de CiU, Sònia Recasens, calificó el proyecto de ordenanzas fiscales como “una gran farsa y un gran postureo del equipo de gobierno”. La convergente criticó que Colau ha sido incapaz de “impulsar ninguna medida efectiva sobre la fiscalidad en la ciudad y actúa de manera irresponsable”. La concejal denunció en su cuenta de Twitter, por la noche, que el equipo de Colau no tiene intención de aplicar la tarifa a los autocares turísticos. El grupo convergente se mantiene a la expectativa para ver cómo se materializa la propuesta de cobrar la zona azul en función de los datos que proporcione la matrícula. Recasens se mostró desconcertada ya que, según aseguró, la semana pasada en la reunión del consejo de administración de BSM “solo se nos explicó que los parquímetros estaban obsoletos” pero no se explicó nada de la tarifa variable. Por su parte, Alfred Bosch, de ERC, consideró la propuesta de ordenanzas fiscales como “poco ambiciosa”. Bosch alertó de que, el pasado año, ERC votó a favor de las ordenanzas “a cambio de unos acuerdos que no se han cumplido” y advirtió de que “cualquier negociación queda sujeta al cumplimiento de estos acuerdos”. Paco Sierra, de Ciutadans, criticó que el gobierno “ha perdido la oportunidad de bajar los impuestos”. Mientras que Xavier Mulleras del PP afirmó que Colau “consolida el aumento de impuestos que hizo Trias”.

Las ordenanzas fiscales y las tasas públicas son una de las principales herramientas de financiación del Consistorio. Este año aportarán unos ingresos de 1.200 millones de euros, el 40% de los 2.800 millones de ingresos del Ayuntamiento. El primer año de mandato de Colau, aprobarlas resultó un culebrón que pasó incluso por episodios como la retirada del proyecto en el pleno de octubre, ante la falta de apoyos.