Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Imputado por blanqueo y contrabando un exalcalde del PP

La instructora de la Operación Cebra cita también como investigados a una hija del exregidor de Ribadumia, Nené Barral, a su abogado y a un socio en Extremadura

El exalcalde popular Nené Barral, durante el juicio celebrado en Pontevedra en mayo.
El exalcalde popular Nené Barral, durante el juicio celebrado en Pontevedra en mayo.

La juez Pilar de Lara, que la semana pasada sacó a la luz una nueva investigación, la Operación Cebra, al ordenar a Aduanas el registro de varias casas propiedad de la familia de José Ramón Nené Barral, exalcalde popular de Ribadumia (Pontevedra), imputa al político los presuntos delitos de blanqueo y contrabando. La magistrada había citado para prestar declaración esta mañana tanto a Barral como a una de sus hijas, a un socio de este en Extremadura y al abogado que defendió al exregidor durante su reciente juicio por dos delitos fiscales en Pontevedra. Sin embargo, solo el letrado, investigado también por supuesto blanqueo, contestó a las preguntas de la magistrada, titular del juzgado de Instrucción 1 de Lugo. Nené Barral, su hija y su socio de fuera de Galicia se acogieron al derecho a no declarar.

El sumario de la Cebra, de momento bajo secreto, recoge, además de abundante documentación, pinchazos telefónicos que supuestamente incriminan a Barral en presuntas operaciones de contrabando de tabaco y lavado del dinero procedente de tales negocios clandestinos en el mercado internacional. Una de las hijas del exalcalde de Ribadumia, mentor político de Rafael Louzán, exbarón popular de Pontevedra, también está siendo investigada por los mismos supuestos delitos, blanqueo y contrabando, mientras que el socio extremeño, cuya vivienda también fue registrada por Aduanas la semana pasada, lo está por el segundo de ellos. 

Los agentes entraron también en busca de documentación en el despacho en A Coruña del abogado, en la residencia habitual de Barral en Vilanova de Arousa, en su pazo de Portas y en la casa en Ribadumia de la hija investigada, las tres en la provincia de Pontevedra. En el juicio por delitos fiscales del pasado mayo, Barral logró exculpar a sus hijas y evitó la pena de prisión, reducida de los ocho años iniciales a uno solo, con el pago de más de 700.000 euros. Todavía no ha sido juzgado por otro caso de 2001, en el que fue imputado por los supuestos delitos de contrabando, cohecho y revelación de secretos oficiales. Entonces era alcalde, pero el escándalo precipitó la caída del hombre que cosechó cuatro mayorías absolutas para el Partido Popular en Ribadumia.

Más información