El ‘Govern’ denuncia “persecución” judicial ante Naciones Unidas
Las cartas, enviadas por Exteriores, cumplían el mandato parlamentario de apoyo a "los cargos electos investigados" por refrendar el inicio del proceso hacia la independencia
El Gobierno catalán informó por carta a la ONU y al Consejo de Europa de la "persecución" judicial de cargos electos catalanes por su apoyo a la declaración de inicio del proceso hacia la independencia, aprobada por el Parlament de Cataluña el pasado 9 de noviembre y anulada después por el Constitucional.
Las cartas fueron enviadas el pasado 29 de agosto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, y al Comisionado del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, Nils Muiznieks. El emisor, Manuel Manonelles, director general de asuntos multilaterales y europeos de la Generalitat.
Avanzadas este martes por La Vanguardia, las cartas eran consecuencia de una resolución aprobada el 23 de junio por la comisión de justicia del Parlament, en la que se instaba a informar a organizaciones internacionales, para dar cumplimiento del mandato del Parlament de Cataluña, explican fuentes de la Generalitat.
En concreto, la resolución de la comisión de justicia condenaba la "persecución" ordenada por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, contra cargos electos catalanes que habían expresado su apoyo a la declaración del pasado 9-N.
El texto también alertaba de la "naturaleza antidemocrática" de las instituciones judiciales españolas y denunciaba el deseo del Gobierno de "manipulación política de los órganos judiciales" para impedir que los cargos electos catalanes lleven a cabo el "mandato electoral" de las elecciones del 27 de septiembre de 2015.
Las cartas enviadas por Manonelles, adscrito al departamento del consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva, se limitan a explicar que se da traslado de los textos de la resolución de la comisión de justicia, la declaración independentista del 9-N y su anexo, que recogía un conjunto de medidas sociales para "salvaguardar los derechos fundamentales afectados por decisiones del Estado español".
