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El reglamento de la empresa de la vivienda legaliza a 87 familias okupas

La capital asistirá jurídicamente a los afectados por la venta de viviendas públicas

La concejal Marta Higueras en el Ayuntamiento de Madrid.
La concejal Marta Higueras en el Ayuntamiento de Madrid.

El pleno del Ayuntamiento aprobó este miércoles, con los votos favorables de PSOE, Ahora Madrid y Ciudadanos, modificar el reglamento de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). La variación afecta a un texto de 2012 y tiene entre sus líneas principales la regularización, de manera excepcional, de la situación de los residentes en 87 pisos okupados y la asistencia jurídica a los afectados por la venta de más de 1.800 viviendas protegidas en 2013.

En el reglamento modificado se hacen más laxos los requisitos para acceder a las viviendas municipales, y se añade la posibilidad de cambiar de piso en caso de aumento de la unidad familiar. Además, se formaliza la opción de que las 87 familias okupas de pisos protegidos de la EMVS puedan empezar los trámites para regularizar su situación, siempre y cuando se encuentren en ella desde antes del 1 de enero de 2016.

Asimismo, se recoge una propuesta para que el Ayuntamiento ponga a disposición de todos los afectados por la venta de vivienda pública de la EMVS a fondos de inversión que lo precisen el "apoyo jurídico profesional para defender sus derechos de inquilino y conseguir la renovación".

El Consistorio recordó que cada caso será evaluado y solo se aprobarán las regularizaciones en las que se detecte que los okupas cumplieron con las normas de convivencia y no fueron protagonistas de actos conflictivos con los vecinos. Asimismo, esas 87 familias (una menos con respecto a lo que el Ayuntamiento comunicó a principios de septiembre) deberán dar fe de su compromiso de abonar las rentas de alquiler y las cuotas atrasadas de comunidad desde la fecha de la ocupación, hasta un máximo de cinco años atrás.

El reglamento modificado también incorpora la posibilidad de cambiar de vivienda en caso de aumento de la unidad familiar o de las circunstancias. Y rebaja los requisitos de ingresos, ya que hasta ahora se podía acceder a las viviendas municipales cuando los ingresos familiares se situaran entre los 52.000 y los 70.000 euros, es decir, "personas que podían acceder al mercado libre", dejando fuera a los más vulnerables, tal y como señaló la portavoz socialista del área de urbanismo, Mercedes González.

La edil agregó que el PSOE aprueba las modificaciones al reglamento, pero que sigue esperando a que la primera teniente de alcalde, y presidenta de la EMVS, Marta Higueras, presente un texto definitivo. "No es nuestro reglamento, sino el del PP, y esto [la modificación] es un parche que sirve para empezar a adjudicar vivienda. Solo por eso lo apoyamos", dijo González.

Viviendas por adjudicar

La concejala socialista detalló que al principio de la legislatura había 2.200 viviendas sin adjudicar. Ahora son 1.200. Con la aprobación de se agilizará la adjudicación, pero la edil remachó que "es un auténtico crimen" que la gente necesite viviendas y que sin embargo queden pisos públicos y protegidos vacíos.

Bosco Labrado, concejal de Ciudadanos, atacó a Ahora Madrid al afirmar que la modificación del reglamento se quedó encima de la mesa desde abril porque "Podemos no tenía el beneplácito de los señores de Ganemos". Según Labrado, las luchas internas entre los miembros de Ahora Madrid impidieron en estos meses agilizar la adjudicación de viviendas.

El concejal del PP Borja Fanjul, cuyo grupo se opuso a los cambios en el reglamento de la EMVS, incidió en el "efecto llamada" que, en su opinión, el gobierno municipal promoverá con respecto a la ocupación ilegal de viviendas. "Cualquier persona que vive en la calle tiene más derecho que cualquiera que cumple con sus obligaciones", lanzó, y respondió a la socialista considerando "una aberración" la legalización de las ocupaciones a gran escala.

El Consistorio asistirá a la activista Mejías

El Ayuntamiento manifestó ayer su cercanía con los afectados por la venta de viviendas a fondos de inversión en 2013. Lo hizo abriendo sus puertas a Arancha Mejías, la portavoz del colectivo de afectados por la venta de pisos de la EMVS, a la que el fondo Fidere se negó a renovar su contrato de arrendamiento. El pleno anunció que pondrá a disposición de la activista los medios jurídicos necesarios para que pueda recuperar su vivienda.

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