Un juez ordena embargar “dinero y muebles” a Bankia por las preferentes
La entidad afirma que ya ha consignado la deuda y que no habrá embargo
![Jesús García Bueno](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F2a95ea9a-3806-4e49-b344-7870552767e7.jpg?auth=5b6ee7135931598e0443380ca8368e66f5ee3099a65ffc08ad5bba50f0310e6e&width=100&height=100&smart=true)
Una comitiva judicial protagonizará, el 3 de octubre y si nadie lo remedia, una escena insólita: entrará en una oficina de Bankia de Barcelona y se llevará “dinero efectivo en caja, mobiliario y enseres” por valor de 26.925 euros. No es un atraco. Un juez ha ordenado que se embarguen bienes de Bankia después de que la entidad no haya devuelto a una mujer el dinero que le debe por la estafa de las preferentes.
![Oficina de Bankia de Barcelona donde se ha ordenado el embargo.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/VB23HWGTOGCAPLJUGMWOCEDHO4.jpg?auth=44fdd9b39d23dd97774dd25c5c716a8b50568eda78ed9331d3c7120ff8cc7395&width=414)
Una portavoz de Bankia ha asegurado esta mañana que, este mismo jueves, consignaron los 26.925 euros pendientes ante el juzgado. Tras dar ese paso adelante, la entidad asegura que el embargo ordenado para el próximo 3 de octubre queda ya descartado.
Sacar el dinero para luchar contra un cáncer
Bosch quiso sacar el dinero de las preferentes en 2011 porque su hija sufría “un grave cáncer de pulmón e hígado con metástasis”. El dinero, explicó, era imprescindible para “conseguir un tratamiento médico en una clínica de fuera de España”. Fue imposible: las preferentes se contrataban a perpetuidad. Su hija murió, víctima del cáncer, en enero de 2012.
Las sentencias contra entidades bancarias por la comercialización de participaciones preferentes —un producto “complejo y de riesgo”, con una rentabilidad “no garantizada”— están a la orden del día. En la mayoría de casos, se zanjan con condena al banco por no haber dado información suficiente y clara a los clientes, en general pequeños ahorradores que creían haber contratado depósitos a plazo y pensaban que su dinero estaba a salvo.
El caso de María Rosa Bosch ha dado lugar al previsible embargo de Bankia, pero forma parte del mismo relato social. La mujer, de 81 años, “viuda y pensionista con escasos recursos”, según la sentencia que le da la razón, contrató preferentes con la antigua Caixa Laietana. En 2002, el director de la oficina de Sant Celoni (Barcelona) les ofreció, a ella y a su hija, un producto “garantizado y de alta rentabilidad”. Bosch comprobó nueve años más tarde que nada de eso era cierto. La mujer se presentó en el banco para rescatar sus 30.000 euros. No pudo y decidió presentar, junto a sus nietas, una demanda.
En el juicio, la anciana explicó que creía que se trataba de un plazo “fijo” y que podía sacar el dinero “al cabo de un año”. Un empleado de la oficina dijo que no la conocía.
En abril, el titular del juzgado de Primera Instancia número 21 de Barcelona le dio la razón. Concluyó que el banco no dio “la debida información” a la mujer ni le “advirtió” del riesgo. Declaró nulos los contratos por “vicio del consentimiento” y obligó a devolverle 30.000 euros más un buen pellizco de intereses.
Bankia recurrió solo una parte de la sentencia: pidió que, de la cantidad que debía devolver, se le descontara los intereses. El abogado de la mujer, Santiago Vitas, solicitó la ejecución provisional de la sentencia. El banco no se opuso y la ejecución fue firme. Bankia devolvió el dinero. Pero solo una parte: 35.425 euros que ya están en manos de Bosch. El resto del dinero, 26.925 euros (lo que incluye una parte de los intereses pero también las costas), quedó pendiente de pago.
Vitas ha andado este tiempo detrás de él. Primero pidió al juzgado el embargo telemático de las cuentas de Bankia. No funcionó. “Hasta tres veces nos dijeron que no encontraban, como si Bankia no tuviera cuentas en España”, lamenta el abogado, que pidió al juzgado que embargara bienes de la oficina en el céntrico paseo de Gràcia. Y el juzgado ha accedido a la petición al considerar que los bienes consignados hasta ahora son “insuficientes para cubrir las responsabilidades”.
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