Homs dice que declarará por el 9-N “en nombre de Cataluña”

Francesc Homs, exconsejero de Presidencia de la Generalitat y diputado, pretende convertir su declaración de este lunes ante el Tribunal Supremo (TS) en un acto político. Investigado por un delito de desobediencia, Homs está citado para que explique su papel en la organización de la consulta del 9-N, que el Gobierno catalán celebró pese al veto del Tribunal Constitucional. Un séquito encabezado por el expresidente Artur Mas arropará en Madrid a Homs, que este domingo ha anunciado su intención de declarar “en nombre del conjunto de Cataluña”.

Pocos días después de la consulta sobre la independencia (9 de noviembre de 2014), la Fiscalía se querelló contra Mas y dos altos cargos de su Gobierno: la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Enseñanza Irene Rigau. Les acusaba de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Homs, que hoy es diputado en el Congreso por Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), no figuró como investigado en la causa hasta meses más tarde. Y por un hallazgo inesperado.

Entre los documentos incluidos en la causa del 9-N que abrió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Fiscalía halló una carta firmada por Homs. Está fechada el 6 de noviembre, dos días después de que el Constitucional prohibiera la consulta. Homs era entonces no solo consejero de Presidència, sino también portavoz y mano derecha de Mas. En la misiva, da el visto bueno a un organismo de la Generalitat para que informe a T-Systems —contratada para organizar la consulta— de que puede seguir adelante con sus trabajos pese al veto.

Dada su condición de diputado en el Congreso, Homs es aforado ante el Supremo. Antes de que el TSJC decidiera elevar allí su caso, declaró voluntariamente en Barcelona. Y lo hizo, como antes Mas, acompañado por la plana mayor del Ejecutivo catalán. La concentración ciudadana de apoyo frente a las puertas del Palacio de Justicia fue algo más modesta que la del expresident. Homs explicó, entonces, que la causa judicial por el 9-N obedece solo a “motivaciones políticas” y que consultar a los ciudadanos no puede ser nunca un delito. “No tengo vocación de mártir ni de héroe”, dijo Homs tras admitir que conocía la resolución del TC. Por esa misma senda irá hoy, previsiblemente, su declaración, aunque también deberá entrar en detalles sobre su carta del día 6.

Homs lleva cuatro días consecutivos de gira a propósito de su cita ante el Supremo. El jueves fue recibido por el presidente, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras. El viernes acudió a un acto, también de apoyo, de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium, entidades organizadoras de la Diada. Y el sábado, en rueda de prensa, elevó el tiro contra el Gobierno al aludir a la Operación Catalunya, la maniobra de altos mandos policiales para desacreditar a líderes independentistas. “Es el GAL político que montó el PP contra Cataluña”.

El diputado tampoco ha descansado el domingo y ha acudido a un homenaje de los vecinos de Arenys de Munt (Barcelona), la localidad donde, hace siete años, se organizó la primera consulta soberanista. “No acudiré en nombre de mi partido ni de mi filiación política, sino en nombre del conjunto de un país. Y mirándoles fijamente a los ojos, les podremos decir que representamos unos valores, una determinación, una voluntad, que es la libertad de nuestro país a través de las urnas para conseguir un Estado independiente”.

El argumento de Homs —que la del 9-N es una “causa política”— fue rechazado de plano, hace unos días, por el TSJC. El tribunal catalán dio por cerrada la investigación contra Mas, Ortega y Rigau y les dejó a solo un paso de juicio por los delitos de desobediencia y prevaricación. La Fiscalía ha descartado que cometieran un delito de malversación y no solicitará penas de prisión para ellos. El caso de Homs está en una fase previa, por lo que su situación procesal aún se enmarca en los delitos enumerados por la Fiscalía en su querella inicial (que también incluye la malversación). Tras su declaración, y si el proceso sigue adelante, es previsible que el ministerio público mantenga el mismo criterio que en el caso del TSJC.