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Carmena recupera la propiedad de la funeraria municipal

Empieza a rodar la nueva empresa de capital íntegramente público que gestionará 14 cementerios

Tanatorio de la M-30, en Madrid.
Tanatorio de la M-30, en Madrid.

La nueva empresa funeraria, de capital íntegramente público, empezó a rodar este viernes, al acabar la concesión con Funespaña, controlada por Mapfre. La municipalización de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios (EMSF) es el primer banco de pruebas del Consistorio dirigido por Manuela Carmena (Ahora Madrid) en su apuesta por recuperar la gestión municipal de los servicios públicos. La nueva compañía asumirá la gestión de 14 cementerios, dos tanatorios y otros tantos crematorios. Los sindicatos acogen positivamente la decisión, mientras que la oposición considera que el proyecto fracasará.

La recuperación de las inversiones y la mejora de los servicios funerarios son dos de las justificaciones que el gobierno de Ahora Madrid esgrime para justificar la remunicipalización de la EMSF, una empresa que fue privatizada parcialmente en 1992 por el exalcalde popular José María Álvarez del Manzano. La sociedad Funespaña adquirió el 49% de las acciones por 100 pesetas (0,6 euros), ya que acumulaba unas pérdidas de 13 millones con el Consistorio, si bien el Ayuntamiento terminó condonando la deuda.

Esta operación es la que ahora deshace el equipo de Manuela Carmena (Ahora Madrid). Pero antes de aprobarla, el Consistorio evaluó una serie de informes técnicos que calcularon que para arreglar los 14 cementerios de Madrid hacían falta 24 millones. "De la falta de mantenimiento, algunas zonas del cementerio de La Almudena [que eran responsabilidad de la EMSF] son una buena muestra. Todo esto ocurría mientras el socio privado de la empresa recibía dividendos", explicó el gobierno.

El Consistorio también defiende que recuperar la gestión de los cementerios supone una "clara ventaja económica". La nueva compañía disfrutará de una bonificación del 99% en el impuesto sobre sociedades y estará exenta del IBI. Recibirá en su balance los activos de la empresa mixta, interrumpiendo el pago al socio privado del canon de gestión, que estaba fijado en un 20% de los beneficios antes de impuestos.

Uno de los escollos para los nuevos gestores será cómo afrontar la demanda de Funespaña de una indemnización de 53,8 millones. Carlos Sánchez Mato, concejal del Área de Economía y Hacienda, se niega a pagar esa cifra. El edil sostiene que la concesión que Funespaña aceptó en su momento especificaba que, al acabar, "el patrimonio —tanto el activo como el pasivo— revertiría al Ayuntamiento". Durante una reciente visita al cementerio de La Almudena, Sánchez Mato se mostró dispuesto a llevar el asunto a los tribunales.

Los sindicatos, por su parte, aplauden la remunicipalización, aunque advierten de que la gestión de los cementerios solo podrá mantenerse en las manos de una empresa pública si evita estar en pérdidas durante dos años seguidos.

El consejo destituye a Valdivia

A un día de que la municipalización de la EMSF se hiciera efectiva, la vieja sociedad mixta celebró una reunión extraordinaria del consejo de administración convocada con carácter de urgencia para completar el traspaso de los activos a la nueva empresa municipal.

En esta reunión el consejo destituyó al hasta ahora consejero gerente, Juan Antonio Valdivia, "cuya firma era necesaria para proceder a la liquidación", según anunció el Ayuntamiento a través de un comunicado.

Durante la reunión se acordaron también las medidas necesarias para garantizar la conservación y custodia de toda la documentación de la empresa mixta.

La marcha de Funespaña —controlada por la aseguradora Mapfre— hará caer el número de entierros, ya que parte de los fallecidos tienen seguro de deceso y sus restos son enviados a los cementerios municipales. Al perder Funespaña el control de los camposantos públicos, puede ofrecer alternativas a sus clientes. En este sentido, el gobierno municipal admite que el margen de caída de ingresos asumible por la empresa para no entrar en pérdidas es de un 11% en 2017.

Esta es la preocupación de la oposición, que considera que la solvencia de la nueva sociedad está en entredicho. La concejala Inmaculada Sanz (PP) sostuvo que la operación representa un "banco de pruebas ideológico para Ahora Madrid". Una decisión innecesaria, puesto que "la antigua empresa estaba funcionando bien y daba beneficios".

Futuro de los salarios

Susana Saavedra, concejala de Ciudadanos, también se mostró segura de que la experiencia sugiere que las empresas públicas de ámbito funerario fracasan. "Si no vas de la mano de un socio privado, este es un mercado difícil". Y agrega que esta operación causará una reducción de los sueldos de los 529 empleados al integrarse en la plantilla del Ayuntamiento.

Los socialistas, por su parte, creen erróneo hablar de reducción de salarios antes de las negociaciones del convenio. El PSOE apoya la municipalización al considerar que la gestión "nunca debió privatizarse", según el concejal Ramón Silva. "El primer reto será mantener el servicio y ampliar el número de clientes, condiciones necesarias para garantizar la viabilidad de la empresa".

Un proceso que concluyó con la inhabilitación de un edil

La compañía mixta Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios se creó en 1966 para 50 años. En diciembre de 1992, el entonces alcalde, José María Álvarez del Manzano (PP), privatizó el 49% de la firma por 100 pesetas. El servicio arrastraba una deuda de 14 millones de euros, así que el regidor decidió poner en manos de una empresa privada la gestión de los camposantos, fijando una fecha de caducidad: en 2016 la relación se extinguiría automáticamente.

La venta provocó, además, un largo proceso judicial. En 2008, la Audiencia consideró que el primer teniente de alcalde, Luis María Huete (PP), pudo "haberlo evitado [la cesión] y no lo evitó". Por eso, lo condenó a dos años y un día de inhabilitación para ocupar cargo público. Huete tenía 79 años y lleva cinco apartado de la política. No obstante, la sentencia no detectó indicios de maquinaciones para alterar el precio de las cosas, ni de malversación de caudales públicos.

Hasta 2014, según los cálculos del Consistorio, los importes percibidos por la empresa privada ascendieron a 63,8 millones de euros, cuando solo había invertido 1,2 millones. Ahora, todo el capital de la compañía pasa a manos de la Administración. Esta tendrá que enfrentarse a sus competidores privados, que tienen el 56% del mercado. La alcaldesa, Manuela Carmena, confió el jueves en que la operación "vaya bien". "¿Lo siguiente? Lo iremos viendo", añadió.

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