La Audiencia Provincial de Madrid reclama una nueva sede

La Ciudad de la Justicia fue una idea nacida en 2004 que consistía en construir un gran espacio que reuniera los numerosos y dispersos juzgados de la Comunidad de Madrid. Pero, inmersa en continuas polémicas y acusaciones de corrupción, nunca ha llegado a materializarse. Y aun ahora, más de una década después, tampoco parece que vaya hacerse realidad a corto plazo, ya que los propios jueces deben decidir si el actual Gobierno del PP (presidido por Cristina Cifuentes) paralizó de forma correcta el plan redactado (con adjudicación inicial incluida) de su compañero de partido y predecesor en el cargo, Ignacio González.

Sin embargo, los problemas de dispersión, inadecuación y obsolescencia de las sedes judiciales que motivaron aquel proyecto siguen sin resolverse. De hecho, se han agravado después de tanto tiempo de espera. Así, sea con o sin ciudad, Eduardo de Porres reclama en la Memoria 2015 de la Audiencia Provincial de Madrid, que presentó ayer, una nueva sede que reúna las dispersas dependencias del organismo.

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En el texto se desgrana la situación, por ejemplo, de la sede de las secciones penales, en la calle Santiago de Compostela, donde los magistrados están en despachos sin ventilación ni luz natural, no caben refuerzos y el sistema de climatización ya no da más de sí. También menciona “los problemas de seguridad” de la sede de los juzgados de Familia en la calle de Francisco Gervás o de la de las secciones civiles generales, en la calle de Ferraz.

Esta sede de Ferraz, ubicada en un edificio que originariamente estaba destinado a viviendas, tiene hasta cuatro magistrados compartiendo despacho. En el caso de los últimos incorporados en cada sección, están en “un despacho colectivo de reducidas dimensiones, pequeño y agobiante”. Además, como el edificio cierra a las siete de la tarde y no cuenta con aparcamiento, los jueces acaban realizando “buena parte de su trabajo en su domicilio particular”, lo que conlleva un continuo trajín de voluminosos expedientes.

Atasco en asuntos civiles

Precisamente los resultados de las secciones civiles son los que más hay que mejorar, pues no son capaces de reducir el número de asuntos pendientes, “que es muy elevado y con un tiempo de respuesta insatisfactorio”. Es decir, como se resuelven menos asuntos de los que entran en un año (16.120 frente a 16.217), los casos que se acumulan como pendientes siguen creciendo: han pasado de 8.125 a 8.222.

Dentro de esa cifra general, las mayores dificultades están en las secciones especializadas de familia (la 22º y 24ª “tardan en resolver sus asuntos una media de ocho meses”) y en mercantil (la 28ª necesitaría 14 meses de trabajo exclusivo para acabar con los casos pendientes). Por eso, estas secciones se llevarían la mayoría de los 13 magistrados que la Audiencia Provincial reclama para estas jurisdicciones.

Aunque los datos son mejores en la parte penal —redujeron los asuntos pendientes un 18,48% respecto a 2014, hasta quedarse en 5.609—, la memoria solicita otros 15 magistrados más. Pues esa mejora, asegura el texto, se ha hecho a costa de unos jueces que “llevan años soportando una carga de trabajo superior al 150%” del módulo establecido por el Consejo General del Poder Judicial; es decir, sobre la carga adecuada para trabajar en buenas condiciones.