En defensa de una Universidad Pública accesible

Según el Centre d’Estudis d’Opinió, la Universidad catalana obtiene la mayor confianza ciudadana con un 6,47, por encima del Parlament (4,56), Generalitat (4,41), Congreso (3,13), o partidos políticos (3,07). Junto a esta realidad, conviene recordar que la Universidad Pública es un bien social que interactúa en el proceso de construcción de un Estado en el que el conocimiento se pone al servicio de la ciudadanía.

Los gobiernos (autonómicos y español) han minusvalorado, en los últimos tiempos, el papel de la Universidad Pública, al mostrar una inmerecida desconfianza hacia su personal -académico, administración y servicios- haciendo dejación de sus responsabilidades al no afrontar una reforma del sistema universitario -asfixiado sin disimulo- y atentar contra la autonomía universitaria. En el colmo de los despropósitos -y de la injusticia- los gobiernos han incrementado fuertemente las tasas, culpando de la situación económica a los que nada han tenido que ver en ella: los estudiantes y sus familias. Ante este “ataque injustificado” hay que perseverar en la defensa de unos precios de matrícula iguales -y razonables- para todas las Universidades Públicas y para cada titulación, tanto grados como masters, y abrir un debate en el ámbito universitario -con participación estudiantil- sobre el ya popular 3+2, que no puede, ni debe, aplicarse sin antes realizar un estudio serio, académico y económico, de todas sus implicaciones prácticas.

Tampoco parece de recibo que un grado en una CCAA cueste dos o tres veces más que hacerlo en otra. Y, todavía lo es menos, que el acceso a la educación superior, lejos de medirse en méritos y capacidad, parezca sustentarse, sin perjuicio de un sistema de becas ciertamente mejorable, en atención a capacidades económicas y pertenencia a una determinada clase social. En un Estado que se denomina democrático, de Derecho y social, la Universidad Pública debe ser accesible, en condiciones de igualdad, a toda persona que acredite capacidad y mérito.

El Nobel de Economía, Paul Kruggman, afirma “que los mercados tengan problemas no es motivo para dejar de formar a nuestras hijas e hijos, pues una de las claves del éxito presente y futuro de un país reside en la educación”. No entenderlo así es una muestra de irresponsabilidad e insolidaridad intergeneracional y de “ceguera” de quienes se alejan de aquella ciudadanía a la cual quieren “representar”. Los gobiernos que suspenden en confianza ciudadana mal pueden imponer, vía injerencia en la autonomía universitaria, soluciones eficaces y justas a quienes, como la Universidad, sí “aprueban” en confianza. Ya va siendo hora que las Universidades “despierten” y lo hagan saber.

La Universidad Pública debe rendir cuentas de sus actividades y gestión -abriéndose a la financiación privada para “privatizar el riesgo y socializar beneficios” en algunas actividades- pero exigirlas sin una financiación pública, suficiente y estable es una hipocresía y una afrenta a todas aquellas personas que, a pesar del deterioro de sus condiciones laborales, la mantienen. Que nadie entienda que estas reflexiones obvian que la Universidad Pública debe cambiar sus hábitos y formas de gestión, pero debe hacerlo en ejercicio de su autonomía junto con unos gobiernos que deben exigir cambios cuando “cumplan” su parte del pacto: financiación suficiente y estable. Estos cambios debieran afrontarse, sin demora, desde una Universidad que no debe “enrocarse” y “encerrarse” en sí misma. No conviene el autoengaño, la autocomplacencia, la derivación de responsabilidades hacia los demás, o la apuesta, errónea, en favor del inmovilismo. Pero, tampoco, debe “callarse” ante ciertos “atropellos” perpetrados por quienes no generan confianza en la ciudadanía.

David Vallespín Pérez es Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona