Las Cortes aprueban por unanimidad pedir a Barberá que deje el Senado

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Los cinco grupos parlamentarios con representación en las Cortes Valencianas, también el PP, han aprobado esta noche una resolución parlamentaria donde piden a Rita Barberá, nombrada senadora por esta cámara territorial, que renuncie a su acta “para salvaguardar la dignidad de la representación de los valencianos”. Todos los diputados valencianos presentes en el hemiciclo, 95, han respaldado la moción.

"Hemos de agradecer a todos los grupos que hayan apostado por la decencia de este Parlamento", ha dicho el portavoz socialista, Manolo Mata. Fran Ferri, de Compromís, ha insistido en que "no queremos a la senadora, no nos representa". Y la diputada del PP María José San Segundo ha aludido, tras el gesto simbólico de su grupo, al derecho a la presunción de inocencia y ha censurado las diferentes varas de medir con Barberá y con los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñan.

Alexis Marí, portavoz de Ciudadanos, ha dicho, dirigiéndose al PP, que uno tiene que pensar muy bien a quien propone para ocupar las instituciones y, en este sentido, ha pedido a la presidenta del partido y portavoz popular, Isabel Bonig, que insista a Barberá para que devuelva el acta de senadora. Antonio Montiel, síndic de Podem, se ha referido a la negativa de la exalcaldesa de Valencia: "Se aferra a su sillón por el aforamiento y los 7.000 euros al mes", ha subrayado.

Y es que la cámara autonómica puede reprobarla, como ha hecho este jueves, pero no revocar su nombramiento. “Barberá está nombrada, es senadora, y según la Constitución no está sometida a mandato imperativo”, reconocía el portavoz parlamentario socialista y abogado, Manolo Mata.

"El procedimiento para la elección de senadores territoriales es el que es y aunque ningún grupo, salvo el PP, ha votado a Barberá para desempeñar el cargo, es senadora en representación de este Parlamento", agrega Mata. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en alguna ocasión sobre casos como el de Barberá y las leyes en vigor no permiten la revocación.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha reconocido estas limitaciones jurídicas si bien ha insistido en que Barberá, investigada por el  Tribunal Supremo, “no puede ni debe continuar un minuto más” en el Senado. “Los valencianos no merecemos el desprecio de Barberá”, arguye el presidente después de que la senadora haya entregado el carné del PP pero se aferre al escaño de senadora, aunque sea en el Grupo de No Adscritos de la Cámara Alta.

El Parlamento autonómico tiene pendiente de debatir una reforma de la ley de elección de senadores en representación de la Comunidad Valenciana para incluir el revocatorio ante la pérdida de confianza o actuaciones lesivas para los intereses generales, aunque ha admitido que legalmente será difícil aplicarlo con efectos retroactivos, ha explicado fuera de micrófonos Puig. Los cambios a los que aspira la cámara autonómica necesita una reforma legal, que afectaría incluso a la Constitución.

Isabel Bonig, presidente del PP valenciano y portavoz parlamentaria, opina que la política popular "merecía una salida digna", al tiempo que ha considerado que hubiera sido "mucho mejor" que "abandonase su acta" en la Cámara Alta después de que el Tribunal Supremo haya abierto una causa contra ella por un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia. Al igual que otros compañeros de las Cortes, Bonig reconoce que "el acta es personal, ella ha decidido mantenerla en el grupo mixto y legalmente no se puede hacer nada".

El presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, de Compromís, ha pedido una reunión urgente para hablar de la "tránsfuga", con el del Senado, Pío García-Escudero, del PP. Y el Grupo de Podem, que lidera Antonio Montiel en las Cortes, ha anunciado una proposición de ley de urgencia para revocar a los senadores territoriales.

Los socialistas avanzan la presentación de una enmienda en la que se solicita la modificación de la ley de designación de senadores para que los nombrados por las cámaras territoriales "se vean obligados a dejar su acta en el instante en el que sean expulsados o abandonen su formación". Su portavoz Manolo Mata recuerda que aunque ahora no puede revocarse la designación de senadores, el partido estudiará si es viable jurídicamente que la ley recoja este nuevo supuesto "al entender que es a los partidos políticos a quien corresponde su nombramiento". 

La senadora lo elude todo

Estas mismas Cortes Valencianas intentaron el pasado mes de febrero que la senadora compareciera en una comisión de régimen interior por su presunta vinculación con la trama corrupta ligada al caso Imelsa o caso Taula. El Parlamento autónomo que la nombró senadora le pedía explicaciones por un escándalo que salpica a su entorno político y personal. Pero no acudió.

Barberá dijo días antes de la fecha fijada para su comparecencia que no se iba a someter a "tribunales populares y totalitarios" como los que consideraba que planteaba "la izquierda radical" y alegó que, como senadora, únicamente tenía obligación legal de asistir a comisiones de investigación.

Llegado el día, la senadora del PP alegó en un escrito que la investigación judicial por la que se la citaba estaba bajo secreto de sumario e insistió en que además era ajena a su actividad en el Senado. Tampoco acudió a la llamada del Ayuntamiento de Valencia, institución de la que fue alcaldesa durante 24 años. El nuevo Gobierno local, liderado por Compromís, la citó a una comisión a la que no acudió.