La exdiputada de ICV acusada de prevaricación se escuda en el Síndic

La secretaria de organización de Inicitiva per Catalunya-Els Verds, Núria Buenaventura, se enfrenta a ocho años y medio de inhabilitación por un delito de prevaricación. Buenaventura era directora general del Departamento de Medio Ambiente cuando en 2009 concedió 3.374 autorizaciones para la captura de cuatro especies de ave protegidas mediante el método de liga (que consiste en poner pegamento en los árboles y atraer a los pájaros). Esta modalidad de caza la prohibió ella misma seis meses antes, en consonancia con las legislaciones europea y española. En la vista oral celebrada este miércoles, Buenaventura ha argumentado que autorizó estas capturas siguiendo las recomendaciones del Síndico de Greuges, el expresidente de ICV Rafael Ribó.

Buenaventura ha declarado ante el juez que, en 2008, prohibió "por primera vez en Cataluña" el método de la liga. La Federación Catalana de Caza presentó una queja ante la Sindicatura de Greuges y el síndic recomendó al departamento que elaborase un estudio para determinar si, como contempla la ley europea, se trata de "un método masivo" y no selectivo. Buenaventura se ha escudado en que, para recoger los datos, necesitaba autorizar la caza durante un tiempo. En 2010, y tras constatar que efectivamente la liga era un método de caza perjudicial para las aves, el departamento restauró la prohibición.

Según Buenaventura, la autorización se hizo "con pleno derecho". Las normativas europeas y españolas prohíben la caza con liga, ha recordado, "con la excepción de que sirva a fines educativos o de investigación". El "experimento", como lo llamó la exdiputada, duró 38 días, durante los cuales se podía capturar a machos de cuatro especies de pájaros fringílidos (jilguero, verderón, pinzón y pardillo). Según los peritos, se cazaron 65.576 aves, entre las que había hembras y pájaros de otras especies. El fiscal, Miguel Ángel Pérez de Gregorio, cree que esas cifras "demuestran que la caza con liga no es selectiva".

El fiscal se ha apoyado en las declaraciones de los testigos; entre ellos, un agente del Seprona de la Guardia Civil. Pérez de Gregorio ha argumentado que el experimento no era objetivo ni científico, ya que quienes recogían los datos eran los mismos que disfrutaban de las autorizaciones: los cazadores. "Para estos cazadores", ha afirmado, "el experimento no respondía a objetivos educativos, sino que los capturaban para exhibirlos en concursos de cante o para autoconsumo".

Los peritos han ratificado esa tesis: el estudio debió haberse encargado a un organismo independiente, y no a los cazadores. Además de no reunir suficientes garantías científicas, el estudio era "innecesario", han subrayado, porque la legislación europea ya señala con claridad que la liga no es un método de caza selectivo.

La abogada de Buenaventura, Mercè Claramunt, ha asegurado que el experimento estuvo controlado en todo momento por los Agentes Rurales, que pedían la autorización a los capturadores y les preguntaban qué habían cazado. La entonces subdirectora general de los Agentes Rurales, Rosa Maria Torre, también ha declarado como testigo y ha reconocido que los agentes no podían conocer con exactitud qué animales se estaban cazando. "Si los escondían bajo una piedra, evidentemente no podía haber un control completo", ha concedido, irónico, el juez, que deja el caso visto para sentencia.