Un juez avala la política de memoria histórica del Ayuntamiento

La Justicia ha dado la razón a la alcaldesa en su política de ejecución de la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 y que obliga a retirar todos los objetos o menciones conmemorativas de exaltación del franquismo, la Guerra Civil y la represión en la dictadura.

En noviembre de 2015, el abogado madrileño de 31 años Eduardo Ranz Alonso presentó un recurso ante el juzgado del contencioso-administrativo número 16 de Madrid contra el Consistorio por supuesto incumplimiento de esa ley. En sus alegaciones, Ranz sostenía que Madrid estaba demorando la retirada de escudos, insignias y placas conmemorativas de la época de la dictadura, además del cambio de nombre de 187 calles.

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En su auto, el juez sostiene que "no se puede tachar al Ayuntamiento de inactividad". La puesta en marcha de un Comisionado de la Memoria Histórica, entre cuyas tareas figura elaborar un plan de modificación del callejero y proponer medidas oportunas para la retirada de vestigios conmemorativos del franquismo, es una prueba palpable del compromiso del gobierno municipal para cumplir la Ley de Memoria Histórica.

"Es obvio que tras los acuerdos adoptados por el pleno de Ayuntamiento de Madrid el 22 de diciembre de 2015 y 27 abril de 2016, no se puede hablar de inactividad", afirma la sentencia. Además, el juez considera que la denuncia de Ranz por retrasos en la retirada de placas, insignias y escudos que incluyen menciones de exaltación de la dictadura franquista carece de sentido, puesto que la jurisprudencia obliga a los entes locales a realizar estudios antes de entrar en acción, con el fin de averiguar que las menciones no son de "estricto recuerdo privado" y que no concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas.

"Sin este recurso, lo más probable es que el Ayuntamiento ni siquiera hubiera creado el Comisionado de Memoria Histórica", declaró este miércoles Ranz a EL PAÍS. En opinión de este abogado comprometido con la ejecución de la Ley de Memoria Histórica desde que asistió a su primera exhumación de víctimas de la Guerra Civil, el hecho de que en la capital sigan existiendo símbolos franquistas es emblemático de la "falta de dignidad y legalidad" que persiste en España.

"Creo que en el gobierno municipal hay personas sensibilizadas con la memoria histórica, entre las cuales está la alcaldesa, pero a nivel global se prioriza la guerra de grupos al cumplimiento de la ley", lamenta Ranz.

Cambio de 27 calles

En julio, el Consistorio recibió por parte del organismo dirigido por Francisca Sauquillo 27 propuestas para renombrar vías franquistas. Las propuestas del Comisionado serán debatidas en las juntas de distrito afectadas y, solo entonces, pasarán al pleno. Este proceso durará, según las estimaciones del Consistorio, unos seis meses.

"Llevamos diez años esperando la aplicación de la ley", denuncia Ranz. El recurso presentado en Madrid se tramitó también en otras autonomías, comenta este abogado, que se muestra dispuesto a llevar el caso hasta el Tribunal Supremo de Madrid. Favorable a erigir una estatua al soldado republicano —una de las últimas peticiones valorada por el Comisionado—, Ranz resume así su posición sobre pasado y memoria: "Las heridas no se cierran hasta que haya reparación, y la reparación se basa en la retirada de los símbolos y la exhumación".