Alfonso Grau, imputado por la financiación del PP de Valencia

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Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia en el equipo de la exregidora Rita Barberá, ha sido imputado por la supuesta financiación ilegal del PP de la ciudad, según han confirmado fuentes judiciales a EL PAÍS. Grau se une así a la mayoría de sus compañeros de la pasada legislatura en el grupo del PP en el Ayuntamiento, que ya están siendo investigados por un presunto delito electoral, el nombre técnico de la financiación irregular de partidos.

Grau declarará el próximo 19 de septiembre, el mismo día que el juez Víctor Gómez ha citado al exgerente del PP en la provincia de Valencia Juan Moscardó, que abandonó el cargo a principios de 2015.

Ambos declararán en la pieza separada del caso Taula que se abrió por un supuesto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP de Valencia —el conocido como pitufeo—, unos hechos por los que el juez Gómez ha pedido al Tribunal Supremo que impute a Barberá, ahora senadora y por ello aforada.

El avance de la investigación ha llevado a ampliar su objeto al delito electoral por las aportaciones de origen desconocido y no declaradas al Tribunal de Cuentas con las que el PP de Barberá financió sus campañas electorales.

Grau ha sido juzgado en el caso Nóos y está acusado de delito fiscal y cohecho en una causa judicial distinta, pero hasta ahora se había librado de la imputación en el caso Taula. En esta pieza ya está siendo investigada su esposa, María José Alcón, quien afirmaba en una conversación telefónica grabada por la Guardia Civil que el PP de Valencia tenía "mucho dinero negro" procedente del cobro de comisiones a cambio de contratos públicos.

La investigación por delito electoral está circunscrita a las campañas de 2011 y 2015, en las que Barberá fue candidata. Las pesquisas se basan en buena medida en las anotaciones de la contabilidad del PP de Valencia realizadas por Mari Carmen García Fuster, que fue secretaria general del grupo municipal durante dos décadas.

Se trató, según el magistrado, de la "ejecución de un plan preconcebido" por el que se cargaron gastos electorales a una cuenta bancaria "carente de toda fiscalización y reflejo en la contabilidad del PP".

El partido, que está imputado como persona jurídica en la pieza del blanqueo, se distanció de García-Fuster ante el juez, afirmando que esta actuó a espaldas de la formación política. Y que el PP no tuvo noticia de la cuenta bancaria, que se ocultó al Tribunal de Cuentas y desde las que se pagaron actos y propaganda de carácter electoral.

García-Fuster contradijo este lunes la versión del PP y en una nueva declaración judicial mantuvo que el partido sí estuvo al tanto de la existencia de la cuenta bancaria ahora bloqueada por el juez. La ex secretaria general del grupo municipal añadió que trasladar la información contable al Tribunal de Cuentas era responsabilidad de los responsables del partido, no suya.

Grau fue la mano derecha de la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. La relación se rompió después de que Grau fuera enviado al banquillo de los acusados del caso Nóos mientras la regidora se libraba de ir a juicio.