Condenas de hasta 36 años por vejar a indigentes y quedarse con sus pensiones

Dos hombres y dos mujeres de entre 29 y 30 años, vecinos de la localidad coruñesa de Culleredo, tres de ellos de nacionalidad portuguesa, han sido condenados por la Audiencia de A Coruña a penas de hasta 36 años de prisión por engañar a cuatro personas en situación de riesgo de exclusión social y con limitaciones físicas o psíquicas a los que sometían a trabajos degradantes y obligaban a ejercer la mendicidad, además de quedarse con las pensiones o las ayudas públicas que recibían.

Según la sentencia, los dos principales acusados, de común acuerdo, Joaquín D.A. y André D.A., decidieron ejecutar un plan que consistía en ganarse la confianza de estas personas indigentes para ofrecerles la posibilidad de colaborar con ellos en una serie de trabajos con la promesa de pagarles un sueldo pero sin llegar a concretar las condiciones laborales ni económicas.

Sostiene el fallo que una vez engañados, “alojaban a sus víctimas en unos habitáculos en condiciones higiénicas lamentables, maltratándolas física y psicológicamente” sin que pudiesen poner fin a esa situación. “El ambiente de hostigamiento era tal que les impedía tomar decisiones por sí mismas”, incide el tribunal.

En la sentencia queda probado que los cuatro acusados (Joaquín D.A., casado con María Sandra N.M. y hermano de Sandra D.A., mujer de André D.A.), a finales de 2010 y al menos hasta principios de 2015, obligaron a los cuatro indigentes a realizar trabajos de limpieza y otros relacionados con las atracciones de ferias que gestionaban, “generando hacia ellos un ambiente de agresividad, tanto física como verbal, con unas condiciones de vida absolutamente precarias y carentes de la mínima dignidad.”

Describe la sentencia que “los indigentes tenían que dormir en cajas de camiones o en galpones, sin acceso a un cuarto de baño o agua caliente para lavarse, tratando así de doblegar la voluntad de estas personas y generando en ellas una situación de miedo que les impedía no sólo negarse a realizar las tareas que les encomendaban sino también tomar la decisión de marcharse ante el temor a las represalias”.

El primero de los casos surge en unas fiestas en la localidad de Malpica, cuando Joaquín ofreció trabajo a su primera víctima, de 55 años, que cobraba una pensión de 400 euros por tener un grado de minusvalía del 67% y con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Además de sufrir maltrato, le obligaron a pedir limosnas por la calle para quedarse con todo lo que recaudaba.

En 2011, convencieron a otra víctima que padecía diversas patologías físicas y psíquicas derivadas de un accidente laboral por lo que también era pensionista. Meses después, ambos matrimonios sometieron a otros dos indigentes enfermos, de 60 años, a las mismas vejaciones. Aunque lograron denunciar en el juzgado el maltrato que sufrieron, ambos testigos fallecieron antes de la celebración del juicio.

“En una de las ocasiones en las que trató de escaparse, Sandra, la mujer de Joaquín, tras darle alcance, lo golpeó. Asimismo en otra ocasión Sandra, quien más de una vez se dirigió a él con el calificativo de perro, lo golpeó también con una escoba”, recoge la sentencia para referirse al caso de una de las víctimas fallecidas.