Juicio por inflar la expropiación de la cantera de un familiar de Louzán

Tres años después de que llegase a la Fiscalía de Pontevedra una denuncia por presunto sobreprecio en la expropiación de la cantera de granito que explotaba la empresa Áridos de Curro para rematar el enlace desde Meis a la autovía de O Salnés, esta ha llegado a juicio. Se sentarán en el banquillo el propietario de la cantera Juan Luis Abal Piñeiro, familiar del expresidente de la Diputación de Pontevedra y del PP provincial, Rafael Louzán, y el perito de la Xunta, Juan Manuel Melón Somoza.

El fiscal Jesús Calle solicita para ambos cinco años de prisión por el delito de estafa y falsedad en documento oficial y que indemnicen a la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes de la Xunta 916.514 euros con los intereses legales desde 2009, cuando se inició el proceso de expropiación y se abonaron a Abal Piñeiro las primeras cantidades conforme a la tasación del funcionario de la Xunta.

Además, el perito afronta una pena de cinco años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, mientras, Juan Luis Abal, acusado también de delito fiscal por no declarar el pago de la expropiación que conlleva una petición de condena de otros 10 meses de prisión, tendrá que pagar a Hacienda 300.000 euros y su empresa 400.000.

El escrito de acusación del fiscal, en el que solicita al juzgado de instrucción de Cambados la apertura de juicio oral, señala que en procedimiento expropiatorio ambos acusados “movidos por la intención de obtener un beneficio económico en perjuicio de la Administración”, supuestamente pactaron un precio de la tasación muy superior al real.

Las cifras que expone el Ministerio Público, por la que se pagó la expropiación forzosa, fue de 1,2 millones de euros, aunque en realidad el valor de los bienes indemnizados era de 286.212 euros, “muy inferior a los que en definitiva fueron abonados por la Administración”, señala el fiscal.

“El importe del beneficio de la operación estaría determinado por la diferencia entre el importe percibido por la expropiación y el valor contable de los derechos expropiados, aunque este último se desconoce”, apunta el escrito de acusación. Si bien añade que tras analizar la contabilidad de la empresa y la cuota del impuesto de sociedades, su valor no superaría los 50.000 euros. Esto determinaría un beneficio de la operación en torno a 1,2 millones de euros.

De esta forma, el importe de la cuota que dejó de ingresar en su declaración de la renta el acusado, Abal Piñeiro, fue de 372.571 euros. El empresario regularizó su situación con Hacienda una vez que fue citado por la Fiscalía, y además de abonar la citada cantidad fue multado con 86.000 euros.

El proceso de expropiación de la cantera se inició al final de la etapa del Gobierno bipartito y se cerró meses después de llegar el PP a la Xunta. Aunque en la denuncia se dan nombres de políticos que pudieran haber intervenido en la falsa tasación de la cantera, la fiscalía no pudo llegar a demostrar un supuesto delito de tráfico de influencias.

El mismo denunciante, vecino de Ribadumia, que intervendrá como testigo en el juicio contra el empresario y el perito, también ha logrado que un presunto delito de cohecho pueda llevar al banquillo al propio Rafael Louzán y a Severino Reguera, exdiputado provincial y concejal del Ayuntamiento de Pazos de Borbén. La acusación sobre ambos se basa en que el concejal habría pagado supuestos favores políticos con el sobreprecio en el alquiler de unos bajos comerciales al entonces presidente Louzán.