El ‘banco expropiado’, una okupación a cámara lenta en Barcelona

Apenas dos meses después de pisar por última vez el Banco Expropiado, el movimiento okupa ha vuelto a tomar otra antigua sucursal bancaria a apenas 50 metros del anterior inmueble. Lo comunicaron el pasado miércoles, en plenas fiestas del barrio barcelonés de Gràcia, y una vez transcurridas las 72 horas durante las cuales se podría haber practicado un desahucio exprés. El Ayuntamiento de Barcelona se ha desentendido del asunto, provocando duras críticas de la oposición, y el propietario deberá denunciar la okupación para recuperar su inmueble. La nueva acción del colectivo okupa ha provocado que otros propietarios del barrio hayan decidido tapiar sus inmuebles ante el temor de que sean tomados.

Los okupas del llamado Banco Expropiado fueron desalojados del 181 de la Travessera de Gràcia de Barcelona el pasado 23 de mayo. Habían accedido en 2011 a este antiguo local de Caixa Catalunya y lo habían convertido no sólo en su vivienda, sino en un centro donde realizaban actividades sociales y culturales. Ese espacio, sin embargo, estaba amenazado por una orden de desalojo, por lo que el exalcalde Xavier Trias acordó a principios de 2015 asumir el coste del alquiler. El objetivo era evitar un nuevo Can Vies, un centro autogestionado de Sants cuyo desalojo se vio frustrado y puso al gobierno de Trias contra las cuerdas.

La actual alcaldesa, Ada Colau, decidió no renovar ese contrato que buscaba comprar la paz social y el pasado 23 de mayo los Mossos desalojaron el local de Gràcia. Entonces todo cambió. El barrio fue el escenario de una batalla campal entre los activistas y los Mossos hasta el 7 de junio, cuando empezó una tregua que se rompió la semana pasada al okupar un nuevo inmueble a escasos 50 metros del primer local blindado.

Durante los altercados hubo vecinos que apoyaron al colectivo, pero otros no lo hicieron e incluso denunciaron los destrozos que habían sufrido varios comercios. Algunos propietarios incluso decidieron proteger sus inmuebles ante posibles okupaciones, puesto que estaban convencidos de que si los activistas no volvían a tomar el inmueble buscarían otro local. De hecho, cinco activistas volvieron a hacerse con el Banco Expropiado el 4 de junio, pero solo pudieron permanecer allí nueve horas. Los propietarios de una antigua sucursal de la plaza de Nord de Gràcia, por ejemplo, temieron por su local y lo tapiaron. Esa fiebre por cerrar a cal y canto no se quedó en el barrio y se extendió a otras zonas de la ciudad. A principios de junio el movimiento okupa de Sants hizo público un mapa de las oficinas bancarias abandonadas y que podrían ser objeto de okupación.

Juan Carlos Parra es comercial de STM Seguridad Integrada, una empresa especializada en las puertas antiokupas. “La mayoría de nuestros clientes son particulares que han recibido un piso en herencia o han conseguido echar a okupas de sus viviendas y no quieren que se vuelvan a instalar”, explica. Parra asegura que para las viviendas, la solución más viable es la colocación de las puertas acorazadas que se superponen sobre la original. “En los negocios es un poco diferente, no sólo hay que colocar este tipo de puertas sino refuerzos y cerramientos… Hay propietarios que consideran que es mucho más barato tapiar con ladrillos los locales”, informa. Parra afirma que el negocio está en alza: “Yo como trabajador lo encuentro muy positivo para mi empresa, pero como ciudadano considero que la situación es muy grave”.

El pasado miércoles por la noche los okupas del Banco Expropiado anunciaron que habían accedido a un nuevo local, ubicado a sólo 50 metros del primero. Una antigua sucursal Caixa Penedès cuyos propietarios no habían tapiado, ni la habían salvaguardado de los okupas. Los activistas accedieron el pasado viernes pero esperaron a comunicarlo a que transcurrieran más de 72 horas para evitar el desahucio exprés. Por ello no lo comunicaron hasta el miércoles. En palabras del abogado experto en desahucios, Xavier Prats, el colectivo evitó el “desahucio en caliente”. “Ahora el propietario tiene la opción de denunciar la okupación, ya sea por el procedimiento civil o penal, pero los okupas saben que el juez tardará en ordenar el desahucio”, afirma el letrado.

El resultado fue que el pasado jueves un comercial de una inmobiliaria se dirigió al local e incluso llamó a un cerrajero para que cambiara la cerradura, pero el operario que acudió hasta allí se negó a hacerlo sin tener una orden jucidial. EL PAÍS ha contactado con el comercial, que ha asegurado desconocer si el propietario había interpuesto hoy la denuncia o no. “La actuación del comercial y el cerrajero no pueden constituir ningún tipo de ilícito porque en realidad no abrieron la puerta. Si hubieran cambiado la cerradura y los okupas hubieran denunciado a ambos por coacciones dependería mucho de la interpretación que realizara el juez que instruyera la denuncia. Se hubieran buscado un problema de todas formas”, asegura Prats.

Los activistas del Banco Expropiado han hecho pública una fotografía del comercial de la inmobiliaria en las redes sociales denunciando que “intentó desalojar ilegalmente el nuevo espacio okupado… Quería cambiar la cerradura de la puerta, obviando que legalmente no puede hacerlo si un juez no autoriza el desalojo del espacio”. El individuo al verse retratado ha adirmado que "a partir de este mismo momento" se mantendrá totalmente al margen de la okupación.