El Constitucional advierte a Forcadell que cometerá delito si le desobedece
El Tribunal notifica su decisión a la presidenta del Parlament y da 20 día para que informe de su actuación
El Tribunal Constitucional ha iniciado este jueves la cuenta atrás definitiva que deberá resolver la amenaza que pesa sobre la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell tras la aprobación, el pasado 27 de julio, de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente que apuesta por la desobediencia y la unilateralidad para lograr la independencia.
Forcadell, así como otros miembros de la Mesa de la Cámara, han recibido este jueves la notificación del Constitucional del pasado 1 de agosto que suspendió por unanimidad el acuerdo del Parlament. Esa decisión se produjo en el marco del incidente de ejecución de la sentencia del pasado mes de diciembre que anuló la declaración soberanista del 9 de noviembre del pasado año.
En la notificación cursada hoy, el Constitucional advierte a Forcadell "de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada" el pasado 1 de agosto. "Advirtiéndole de las eventuales responsabilidades en que pueda incurrir, incluida la penal", añade el Tribunal Constitucional.
El requerimiento insta, por tanto, a que se abandone el plan secesionista, una decisión que el Gobierno de la Generalitat y los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP no estás dispuesta a adoptar, como viene diciendo desde hace meses y avalan sus decisiones.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y los miembros del Gobierno catalán ya recibieron una notificación muy similar del Constitucional el pasado 2 de agosto en la que les instaba también a que paralizasen cualquier iniciativa que comportara un desarrollo de la decisión del Parlament.
Rebuda notificació. Reitero que en els estats democràtics els conflictes polítics es resolen políticament amb diàleg i acords no al TC. CF
— Carme Forcadell (@ForcadellCarme) August 18, 2016
Las fechas clave del conflicto
9 noviembre 2015. El Parlament aprueba, con los votos de Junts pel Sí y la CUP, la declaración de inicio del proceso independentista que aboga por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) y anuncia la elaboración de tres leyes de ruptura.
11 noviembre. El TC estima el recurso del Gobierno, suspende la declaración y apercibe de las eventuales responsabilidades.
2 diciembre. El TC resuelve el recurso del Gobierno y anula, con una rapidez insólita, la declaración del 9 de noviembre. La sentencia, de la que es ponente el exdiputado del PP Andrés Ollero, razona que el acuerdo del Parlament pretende ser "el acto fundacional" de la creación de un Estado.
28 enero. El Parlament formaliza la comisión de estudio del proceso constituyente.
3 marzo. El TC admite el recurso de Gobierno contra la comisión del Parlament.
17 julio. El Constitucional advierte al Parlament que no avance hacia la secesión y reclama que no se ignore su mandato.
27 julio. El Parlament desoye al TC y aprueba las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente.
1 agosto. El TC estima el recurso del Gobierno, suspende el acuerdo del Parlament, e inicia el proceso de ejecución de sentencia.
En notificación cursada este jueves, el Alto Tribunal da un plazo de 20 días hábiles para que el Parlament emita los informes correspondientes sobre si considera que el acuerdo que apostaba por la unilateralidad contraviene o no la sentencia de diciembre, así como el auto del pasado 19 de julio en el que se advertía a la cámara de las consecuencias que se derivarían si se adoptara ese acuerdo.
Se trata de un trámite obligado que ha de cumplir el Constitucional antes de decidir definitivamente cómo responde a la actuación del Parlament. El Gobierno reclamó al Constitucional tras el acuerdo para desconectar con España que se abriese la vía penal contra Forcadell y se enviaran a la fiscalía las actuaciones de la presidenta de la cámara. Los magistrados no aceptaron la petición, pero no descartan que Forcadell y otros miembros de la mesa pudieran haber incurrido en responsabilidad penal.
La ley del Tribunal Constitucional prevé un abanico de sanciones para casos como este, que incluyen multas de hasta 30.000 euros o la inhabilitación del cargo público.
"Recibida la notificación.Reitero que en los estados democráticos los conflictos políticos se resuelven políticamente con diálogo y acuerdos, no en el TC", ha escrito Forcadell en su cuenta de Twitter tras recibir la notificación. El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, entre otros, han mostrado hoy su apoyo a Forcadell.
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