Las administraciones estrechan el cerco a los pisos turísticos ilegales

Barcelona, con 8,9 millones de turistas en 2015, tiene como una de las principales preocupaciones — la cuarta, según el CIS catalán — el impacto de los visitantes en los barrios, sobre todo en los del centro de la ciudad. Por eso, el Ayuntamiento ha tomado la iniciativa en la lucha contra un problema que afecta a otras ciudades de España que adaptan sus regulaciones para cercarlo: la economía sumergida y la gentrificación que hay detrás de los pisos turísticos ilegales que se anuncian en plataformas de economía colaborativa como Airbnb y Homeaway.

Más información

Economía colaborativa, caos regulatorio

El calvario de alquilar la propia vivienda a los turistas

In English: Spain’s cities closing the door on Airbnb and Homeaway rental sites

Aunque comparten el problema, en cada comunidad la legislación es distinta, desde que en 2013 el Gobierno decidió sacar estos alojamientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y encomendar las Comunidades Autónomas a ocuparse de la materia. Los requisitos son distintos en cada sitio, y algunas administraciones los han tenido que adaptar para hacer frente a los vacíos legales a los que los anunciantes se acogen para no tener que pedir licencia.

En Baleares, por ejemplo, está prohibido alquilar pisos de uso turístico, aunque sí casas. Canarias solo permite el alquiler de viviendas turísticas si el apartamento está fuera de las zonas turísticas. en Andalucía se puede alquilar cualquier tipo de vivienda siempre que el propietario viva en ella. En Cataluña, el anunciante tiene que pedir una licencia al Ayuntamiento y confirmar que la vivienda tiene cédula de habitabilidad y está asegurada, aunque el Gobierno de la alcaldesa Ada Colau dilató la moratoria de la concesión de licencias y estas están muy restringidas. Y en Madrid, hasta que fue recurrida por Competencia, la norma establecía una estancia mínima de cinco noches para el alquiler de este tipo de viviendas.

Otras grandes ciudades han emprendido medidas para regular la actividad de plataformas como Airbnb. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, anunció en su elección que plantearía normas para que las viviendas estuviesen totalmente aseguradas contra incendios y otros accidentes. En Nueva York, se impone una multa si la estancia es menor de 30 días y el propietario no está en la casa. Y en Islandia existe un impuesto de negocio para cualquier intermediación de Airbnb.

Siempre ha existido la posibilidad de alquilar una vivienda a un turista, pero Internet ha cambiado su modalidad de contratación y ha hecho que el sector hotelero considere como competencia desleal el nuevo negocio que ha aparecido. El portal Airbnb defiendía este lunes que, como intermediario, actúa en favor de las familias de "clase media" que quieren tener un complemento a su sueldo, y criticaba las regulaciones en Cataluña por ser "arcaicas".

Este miércoles, Gala Pin, la concejal de Ciutat Vella, el distrito barcelones donde más se nota el impacto de los pisos turísticos, explicaba que los anunciantes de pisos ilegales han preferido pagar una multa antes que colaborar con la Administración. Según ella, esto es la "muestra  de que hay un negocio muy lucrativo de gente que alquila varios pisos y gana dinero mientras ejerce un impacto negativo sobre el vecindario".

Airbnb tiene dos millones de alojamientos en 34.000 localidades de 191 países. Aunque no existen cifras oficiales de los pisos que se alquilan de forma ilegal (de los legales, en Barcelona hay 9.600, según el portal Idealista.com), el Ayuntamiento trabaja con cifras estimadas por plataformas de estudio de datos como insideairbnb.com. Este portal asegura que el 78% de los casi 15.000 pisos turísticos que figuran en la plataforma más conocida de alquiler, contando tanto los pisos enteros como las habitaciones separadas, "no tienen el número de licencia publicado y son probablemente ilegales". Ante este número, el Gobierno de Ada Colau impulsó un plan de choque con un presupuesto de 1,3 millones de euros, que en el primer mes ha conseguido 256 órdenes de cese y ha empezado a investigar 406 viviendas.

El Ayuntamiento anunciaba este miércoles que si estas plataformas reincidían en la publicación de anuncios de pisos sin licencia, multarían a las empresas con 600.000 euros. Aunque intentan agilizar las inspecciones y las órdenes de cese de la actividad, desde el Consistorio reconocen que están en desventaja: "La situación va mutando, y los anunciantes siempre encuentran atajos para seguir haciendo su actividad, así que tenemos que adaptarnos y ser más rápidos", explicaba Janet Sanz, teniente de alcalde de Urbanismo.