El Síndic analiza responsabilidades de la Generalitat en la red de pornografía

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, exigió ayer a la Generalitat que detalle que circunstancias llevaron a 80 menores —varios tutelados por la Administración— a participar en filmaciones de pornografía infantil. Los muchachos aparecían en películas de una red cuya desarticulación fue comunicada por los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil el martes. En la operación se detuvo a siete miembros de la trama que había producido y distribuido más de un millón de vídeos. El cabecilla dirigía la organización desde un piso de Tortosa. Trabajadores sociales comenzaron a sospechar que algo extraño sucedía en la vivienda de este ciudadano francés al que visitaban menores.

Los agentes que registraron su vivienda encontraron las imágenes de decenas de niños practicando sexo. Ninguno de ellos había denunciado los hechos, por lo que los policías intentaron identificar a los protagonistas de las filmaciones. En las escenas aparecían 80 niños (todos varones) practicando sexo entre ellos, con adultos e incluso con animales. Los agentes consiguieron identificar a 29. De estos, tres son valencianos y 26 son de Barcelona y Tortosa, algunos de ellos tutelados por la Generalitat. Los agentes descubrieron que la red les obligaba a mantener relaciones a cambio de dinero o drogas.

Actuación de oficio

El Síndic abrió ayer una actuación de oficio para investigar cómo tutelados por la Generalitat llegaron a sufrir “maltratos”. Según Ribó, la Administración catalana tiene la obligación de proteger a los niños que están bajo su tutela y “garantizar el bienestar necesario para hacer posible su desarrollo”. El Defensor pidió ayer al departamento de Asuntos Sociales y Familias información sobre las actuaciones que se llevarán a cabo para atender a los menores identificados que han sido víctimas de esta red.

Por otro lado, la Generalitat anunció ayer que pedirá personarse como acusación particular en la causa. La Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias se defendió alegando que en 2015 detectó una situación de riesgo de un menor tutelado y puso los hechos en conocimiento de los Mossos.