Mundó: “El Gobierno usa al Constitucional para eludir sus responsabilidades”
El consejero de Justicia catalán cree que el Gobierno del PP comete “un error” al afrontar el conflicto con Cataluña “a partir de la vía penal y no de la política”
El consejero de Justicia catalán, el republicano Carles Mundó (Vic, 1976) cree que el Gobierno del PP comete “un error” al afrontar el conflicto con Cataluña “a partir de la vía penal y no de la política”. Mundó, que también es abogado, opina que recurrir al Tribunal Constitucional o a cualquier otra instancia judicial no ofrece, al final, ninguna salida válida e insiste en que la voluntad de los catalanes de decidir su futuro es imparable. “Más tarde o más temprano, el Gobierno tendrá que ver que la solución no está en los tribunales”.
Pregunta. Por primera vez, el Parlamento ha aprobado algo que se le había dicho que no podía hacer. ¿El Gobierno catalán siente vértigo?
Respuesta. No. Lo que nos preocupa es que un Parlamento no pueda debatir todas las ideas. Antes de las elecciones autonómicas ya habíamos dejado claro cuál era nuestro objetivo.
P. ¿Es saludable llevar las instituciones de autogobierno tan al límite y ponerlas en peligro?
R. Es el Gobierno el que ha generado la crisis institucional judicializando la política con querellas y recursos. En lugar de afrontar en términos políticos un conflicto político, ha optado por esconderse detrás de los tribunales. El Gobierno utiliza al Tribunal Constitucional para eludir la responsabilidad de resolver políticamente estas cuestiones.
P. Cuando haya sobre la mesa una petición de inhabilitación, ¿la reconocerá?
R. El Gobierno de Cataluña está comprometido con un objetivo político. Seguiremos explicando que no hay ninguna ilegalidad. El Parlamento abordó un debate político. La vía judicial no resolverá un problema político, solo tensionará a la justicia. Dicho esto, conviene recordar que el Constitucional no es un órgano del poder judicial y, por tanto, sus resoluciones no son propiamente judiciales. Su función es interpretar la Constitución, no juzgar a personas. El PP ya modificó la ley para intentar hacerle decir al Constitucional cosas que no puede decir.
P. Pero la causa penal del 9-N, por ejemplo, parte de la desobediencia precisamente a una resolución del Constitucional, que prohibió celebrar la consulta sobre la independencia.
R. Es un debate jurídico. Pero el Constitucional no puede arrogarse funciones propias de los tribunales.
P. ¿Qué mensaje puede dar a los funcionarios de la Generalitat que puedan ser inhabilitados por algunas decisiones que se adopten?
R. Que éste es un proceso político y las decisiones deben asumirlas los responsables políticos. Aquí se habla mucho de delitos; me gustaría saber qué delitos comete un Parlament cuando se posiciona políticamente. El Estado fuerza las interpretaciones para meter miedo.
P. Si no fuera por la presión de la CUP, ¿estaríamos en este escenario de tener que exhibir cada tres meses este tipo de gestos de desobediencia?
R. No tenemos necesidad de demostrar que somos independentistas. Cuando hay varios actores, es evidente que influye en la toma de decisiones.
P. Se ha usado a menudo la metáfora del “choque de trenes” para aludir al conflicto abierto entre Gobierno y Generalitat. ¿Ha llegado ese momento?
R. Nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo porque es una cuestión que en otros contextos, como Escocia, se ha resuelto políticamente. Nunca nos hemos levantado de la mesa de diálogo. Hay un clamor de la ciudadanía catalana, que quiere posicionarse sobre este tema.
P. Pero, ¿qué aliciente puede tener el Gobierno si desde la Generalitat ya se le ha dicho que irán adelante con o sin permiso?
R. Hay una mayoría que recibió un mandato de las urnas. El hecho de que no haya nadie con quien dialogar al otro lado de la mesa no es un motivo para renunciar a un objetivo legítimo: que Cataluña se convierta en un Estado independiente.
P. ¿No cree que la Generalitat está yendo más allá al querer dejar a Cataluña “a las puertas de la independencia”, como dijo Carles Puigdemont, antes de consultar a los ciudadanos?
R. La posición es legítima, porque el Gobierno catalán se presentó a las elecciones con ese programa y está cumpliendo con su compromiso.
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