Puigdemont se abre a limitar los “abusos” en el precio del alquiler

Carles Puigdemont se abrió ayer a crear una comisión que estudie los precios abusivos en el mercado de alquiler como, desde hace tiempo, viene denunciando el Ayuntamiento de Barcelona. El president anunció la medida tras la celebración de la segunda cumbre entre partidos, alcaldes y colectivos sociales para paliar los efectos de la suspensión por parte del Tribunal de la Ley Antidesahucios. La nueva ley exprés se aprobará en septiembre. Ada Colau confía en que la regulación de alquiler se incorpore en un futuro texto.

Tras la reunión en el Palau de la Generalitat, que duró algo más de dos horas, Puigdemont se congratuló del consenso, aunque con matices, del anteproyecto de ley confeccionado y que aspira a esquivar el impacto de los artículos suspendidos por el Alto Tribunal a instancias del Gobierno de Mariano Rajoy. “La suspensión fue injusta y este instrumento recoge el espíritu de la gran mayoría”, dijo Puigdemont. El presidente catalán insistió en que la norma contiene la necesaria seguridad jurídica que reclamaba el mundo local para evitar una nueva impugnación. El Gobierno quiere que el proyecto de ley se plantee a través de lectura única, por lo que en principio cuenta con el consenso necesario para ser aprobado.

En su balance, Puigdemont deslizó que la consejera Meritxell Borràs había planteado crear un grupo de trabajo para reflexionar sobre el precio abusivo de los alquileres al ser “conscientes” de que buena parte la emergencia habitacional procede de ellos. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, dio la bienvenida al anteproyecto como punto de partida —“la anulación de la ley fue una anomalía democrática”— y celebró que la nueva norma recupere la expropiación del usufructo para los pisos vacíos, que se eliminó en 2011 y que se acota a grandes tenedores.

Pero pidió ir más allá al subrayar que la mayoría de desahucios que se producen en Barcelona, por ejemplo, son por el impago de alquiler y no por no costear hipotecas. De acuerdo con sus datos, en 2015 atendieron 1.092 casos de desahucios. En el primer semestre de este 2016 llevan ya sumados 1.278. Y el 68% de ellos fue por impago de arrendamiento. El Ayuntamiento, además, está obligado a costear el realojamiento del 90% de personas desahuciadas por ese concepto.

“Tenemos datos que nos alertan de una posible burbuja inmobiliaria del alquiler. Y por eso se creará un segundo grupo de trabajo”, afirmó la alcaldesa, que vino a decir que poner límites a los arrendamientos no es ninguna excentricidad porque ese modelo ya se aplica en ciudades como Berlín o París. El objetivo de Colau es que esa regulación se incorpore más adelante a la ley. No olvidó también señalar que se apliquen recursos para la norma, dotada en principio con 14 millones de euros.

Lamento de la PAH

Además del Ayuntamiento de Barcelona, la Federación y la Asociación Catalana de Municipios, el Consejo de la Abogacía y el Tercer Sector han bendecido a rasgos un anteproyecto que garantiza la mediación, expropiación temporal y expropiación para uso. No hacen una lectura tan positiva las entidades sociales que impulsaron hace un año la ILP sobre Emergencia Habitacional y que al final fue suspendida por el TC. Los grupos la consideran modélica y señalan que supuso, además, un cambio de paradigma para los colectivos en defensa de una vivienda digna de otras comunidades autónomas.

Guillem Domingo, uno de los portavoces de la PAH, afirmó que la anterior ley fue recurrida por el Gobierno de Rajoy de forma descarada a instancias de los bancos porque era una norma que daba buenos resultados y frenó miles de desahucios. “Esa ley obligaba a la banca a asumir sus responsabilidades y el anteproyecto está no dará tantos resultados”, avisó. Tras alertar de que la ley no será ágil en la aplicación de las expropiaciones de uso, los activistas sostienen que la nueva norma aspira a movilizar 2.200 pisos para atender a las personas que los necesiten cuando en realidad hay 16.000 desahucios al año. El PP y el PSC contemplan votar a favor.