Colau aplaza 54 inversiones en los barrios por valor de 17,6 millones

El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha aplazado a 2017, 2018 y 2019 un total de 54 inversiones previstas para este ejercicio. Algunas se atrasan parcialmente y otras en su totalidad. Son inversiones con importes que oscilan entre 20.000 euros y algo más de un millón de euros y que, en total, suman 17,6 millones de un total aprobado para este año de 46,5 millones. Es una cifra reducida en porcentaje sobre casi 400 millones de inversiones totales (el 4,4%), pero afectan a proyectos que los barrios aguardan desde hace tiempo. El consistorio argumenta que son ajustes sobre previsiones realizadas con mucha antelación, que los atrasos no comportan acabar las obras después de lo previsto y que se harán todas.

Fuentes municipales explican que el presupuesto se inicia en mayo del año anterior a la ejecución e insisten en que los aplazamientos no responden “a ningún motivo extraordinario”. “Conforme transcurre la ejecución hay que ajustar”, afirman, y añaden que “cada año hay inversiones que se avanzan y otras que se retrasan”. “En muchos casos se puede ir más deprisa en algunas inversiones y avanzar importes que estaba previsto ejecutar más tarde. En otras el ritmo es más lento y esto conlleva que no sea necesario disponer de todo el importe en un ejercicio y una parte se desplace al ejercicio siguiente”.

Los movimientos de partidas para proyectos que en teoría debían ejecutarse este año afloraron durante el pleno de julio del viernes pasado, durante el que la concejal de CiU y ex teniente de alcalde de Economía, Sònia Recasens, alertó de que el gobierno de Colau ha modificado las previsiones de inversión.

Fue en el último punto del día, una moción de urgencia introducida por el gobierno que solicitaba apoyo para gastar 28 millones de euros para recuperar el derecho de superficie del geriátrico del Fòrum. Hasta ahora —y hasta 2024— estaba en manos de un fondo de inversión. Al aparecer otro fondo que lo quería comprar, el Ayuntamiento quiere ejercer el derecho de compra preferente.

La operación supone liquidar un préstamo que de otra forma hubiera costado 58 millones hasta dentro de ocho años. El ahorro es importante, convinieron los grupos municipales, pero supone dejar de ejecutar inversiones previstas. “Era necesario destinar 28 millones a rescatar un derecho de superficie, pero rechazamos de forma clara y contundente de dónde salen y lamentamos que muchas inversiones han quedado desplazadas. Son inejecuciones como consecuencia de haber aprobado la prórroga presupuestaria en mayo pasado y demuestran la parálisis de este gobierno que todo lo cuestiona y lo paraliza”, critica Recasens.

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, explicó el pasado viernes que además de los aplazamientos (inejecuciones), los 28 millones se financiarán con sobrantes (de obras ejecutadas por importes menores al de salida), reservas y expropiaciones. El responsable de economía también dijo que la previsión ahora mismo de superávit es de 40 millones.